BOGOTÁ.- La denuncia del confinamiento de unas 600 personas en una población rural en el selvático y convulsionado departamento del Chocó, noreste colombiano, por parte de un grupo paramilitar, movilizó al gobierno que ordenó el traslado de tropas a la zona.
“Tan pronto se dieron estas informaciones el día de ayer pedí que se fortaleciera la presencia de la fuerza pública y en el día de hoy está el comandante de la séptima división, no solamente en el municipio, sino en las veredas donde hay información de haber visto personas armadas”, manifestó el presidente Iván Duque.
Sin embargo, el Ejército llegó a la zona 48 horas después de que se conoció la alerta de la comunidad sobre la presencia de un grupo armado en el corregimiento de Pogue.
La denuncia inicial señalaba que hombres armados llegaron el 31 de diciembre al caserío, algunos vestidos de camuflado y otros de civil, lo que generó zozobra entre la población.
Según fuentes locales, los hombres armados entregaron regalos a los niños y comida a los pobladores.
“Al parecer, los hombres ya se habían ido, porque no tuvimos ningún combate, y todo indica que no era el número que en un principio dio a conocer la población, cerca de 300”, aseguró el comandante de la Séptima División del Ejército, Juan Carlos Ramírez.
Duque sostuvo que la zona donde estaría ocurriendo esa emergencia humanitaria hace parte de un corredor de narcotráfico que se disputan desde hace meses el llamado “Clan del Golfo” y el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Fue la Comisión Interclesial de Justicia y Paz, una oenegé de Derechos Humanos, la que denunció hace un par de días en Twitter del cerco establecido por el grupo paramilitar Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en la población rural de Pogue.
Bojayá está grabada en la memoria de Colombia y en el mapa de la crueldad de la guerra interna luego de que el 2 de mayo del 2002 fueran asesinadas 98 personas, 79 de ellas al interior de la iglesia de la población, tras un enfrentamiento entre paramilitares y guerrilleros de la disuelta guerrilla de las FARC.
Desde el año pasado, tanto la Defensoría del Pueblo como el gobierno conocen de las actuaciones violentas de los paramilitares y subversivos del ELN en esa zona del país, y pese a la presencia de uniformados se siguen registrando este tipo de hechos.
