BOGOTÁ.- Defensores y partidarios de la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP) se movilizaron este lunes en la noche en protestas pacíficas para defender la implementación del Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
En varias ciudades del país sectores de la ciudadanía han exhortado al Congreso colombiano a hacer caso omiso de las objeciones que presentó el presidente Iván Duque con respecto a la JEP.
Asimismo, líderes de distintos partidos políticos, profesores, estudiantes y organizaciones sociales se tomaron el centro de la capital colombiana para rechazar “enérgicamente” las reformas anunciadas por el presidente Iván Duque al sistema de Jurisdicción Especial para La Paz, que juzga. Los crímenes más graves cometidos durante más de medio siglo de lucha armada en ese país sudamericano.
“Lo que queremos es que el gobierno nacional recapacite y deje continuar el proceso de paz, que siga su curso para evitar el derramamiento de sangre que hay en el país”, señaló un participante de la protesta, miembro de la Asociación de Afrodescendientes Desplazados.
El senador Gustavo Petro, excandidato a la presidencia de Colombia y el más claro detractor del gobierno de Duque, destacó la importancia de las manifestaciones, pues a su consideración con ellas se define si al país llega “una era de paz o la continuidad de una era de violencia”.
De igual manera, Naciones Unidas cerró filas en defensa del pacto de paz en Colombia. En la presentación del informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, el presentante de Michel Bachelet, alta comisionada de derechos humanos, aseguró que el gobierno de Duque “tiene la responsabilidad histórica” de continuar con el proceso de paz.
El presidente colombiano, Iván Duque, se propone a modificar algunos puntos del sistema de justicia pactado por su antecesor, el Nobel de La Paz Juan Manuel Santos, y los rebeldes de las FARC. Suscrito a finales de 2016, el pacto prevé que los responsables de delitos graves cometidos durante el prolongado conflicto, ya sean guerrilleros o militares, reciban penar alternativas a prisión si confiesan sus crímenes, reparan a las víctimas y nunca más vuelven a ejercer la violencia.
