MADRID.— El nuevo plan de España para acelerar la regularización de al menos medio millón de migrantes indocumentados ya está sobrecargando las oficinas de extranjería y generando ansiedad entre los potenciales solicitantes, incluso semanas antes de que el proceso comience, según una docena de representantes sindicales, abogados y migrantes.

La falta de información y de financiamiento estatal podría hacer descarrilar la amnistía masiva anunciada el mes pasado por el Gobierno español, señalaron dos personas involucradas en la iniciativa, la más reciente de una política migratoria relativamente inclusiva a la que economistas atribuyen buena parte del auge económico del país en los últimos años.

El Ejecutivo indicó que el proceso se desarrollará desde comienzos de abril hasta junio, pero brindó pocos detalles sobre el mecanismo de solicitud o la documentación requerida. En enero, el Ministerio de Migraciones publicó en su sitio web que no se había asignado presupuesto adicional ni personal extra para afrontar el previsible aumento de solicitudes.

Esto inquietó tanto a los migrantes que aspiran a aprovechar la ventana de regularización como a los trabajadores de primera línea en oficinas de extranjería, que ya arrastran un atraso de meses.

“Nuestras oficinas están completamente colapsadas. Si no hay más personal, refuerzo tecnológico y más dinero, esto es imposible”, afirmó César Pérez, líder sindical de los funcionarios de extranjería.

Pérez señaló que la mayoría de sus colegas aún está tramitando solicitudes de residencia presentadas en junio de 2025.

El Gobierno publicó el mes pasado un documento preliminar. Un borrador no publicado del decreto completo, fechado el 18 de febrero y al que accedió Reuters, indica que se desarrollará “un procedimiento específico, preferente y diferenciado” para esta regularización, pero no aporta más detalles.

Los ministerios de Inclusión, Interior y Política Territorial no respondieron a preguntas detalladas de Reuters. Un portavoz del ministerio competente en migración indicó que el decreto final todavía se está elaborando.

“Caos en el lanzamiento”

Mientras otros países europeos endurecen sus fronteras, el Gobierno socialista español sigue defendiendo la migración, a la que economistas atribuyen gran parte del fuerte crecimiento económico de los últimos cuatro años.

Gobiernos anteriores, incluidos los conservadores, también impulsaron regularizaciones masivas. La mayor fue en 2005, cuando 570.000 personas que acreditaron tener contratos formales de trabajo obtuvieron estatus legal.

Existe un incentivo claro: España necesita alrededor de 2,4 millones de personas más cotizando a la seguridad social en la próxima década para sostener el Estado de bienestar, según estimaciones oficiales.

Sin embargo, disputas con partidos minoritarios han debilitado la mayoría parlamentaria del Gobierno en el Congreso. El bloqueo resultante impidió aprobar un presupuesto desde 2023, lo que limita la capacidad del Ejecutivo para implementar su nueva visión migratoria.

La falta de fondos adicionales marcaría una diferencia respecto de 2005, cuando se contrataron 1.700 empleados y se habilitaron 742 nuevos puntos de información para absorber la demanda, según un estudio de la investigadora Claudia Finotelli.

Para cubrir el posible déficit de este año, el Gobierno analiza involucrar a organizaciones no gubernamentales y sindicatos para ayudar en el procesamiento de solicitudes, según cuatro fuentes al tanto del asunto. Otra opción sería ampliar el horario de atención de las oficinas de extranjería, indicó Pérez.

Pero ninguna de estas medidas fue formalmente adoptada, lo que genera dudas sobre si el proceso podrá arrancar en fecha.

“El Gobierno es optimista, pero coordinar a todos no será sencillo. Podemos esperar caos en el lanzamiento”, señaló una persona involucrada en las discusiones del Ministerio de Migraciones.

Migrantes desesperados en un limbo

Los migrantes también enfrentan incertidumbre.

Según sindicatos policiales y de funcionarios, muchos están haciendo fila en oficinas de extranjería para pedir información que los empleados todavía no pueden proporcionar.

El Gobierno señaló que podrían calificar quienes no tengan antecedentes penales y hayan residido en España durante cinco meses consecutivos o solicitado asilo antes de fines de 2025. Sin embargo, no especificó qué documentos servirán como prueba.

“Aún no está claro qué requisitos tendremos que cumplir. Me preocupa que pidan algo que no pueda presentar”, dijo Iris Rocha, peruana de 37 años y madre de dos hijos, tras asistir a una charla de una ONG especializada en migración en Barcelona.

Rocha contó que huyó de Perú con sus hijas en 2023 tras sufrir abusos que pusieron en riesgo su vida. Perdió su permiso temporal de trabajo el año pasado luego de que le rechazaran la solicitud de asilo.

“Recuperaría mi vida. Hasta entonces tengo que sobrevivir”, afirmó.

La ministra de Migraciones, Elma Saiz, declaró en enero que los solicitantes podrán trabajar legalmente una vez notificados de que su expediente está en trámite, lo que —según dijo— ocurriría dentro de los 15 días posteriores a la presentación de la documentación.

Expertos dudan de ese plazo, citando retrasos crónicos en el sistema. El centro de estudios Funcas estima que actualmente los migrantes tardan entre dos y tres años en regularizar su situación, mientras unos 840.000 indocumentados trabajan en la economía informal durante ese proceso.

“Las personas no se vuelven indocumentadas porque no quieran registrarse, sino porque no pueden”, afirmó Gabriela Domingo, abogada de la consultora Legalizados.

Tres abogados señalaron que algunos migrantes ya están pagando intermediarios para conseguir turnos en abril en oficinas de extranjería.

La práctica es ilegal. El Gobierno reconoció en noviembre de 2025 que se debe a la escasez de citas disponibles.

“La gente está vendiendo turnos aunque la fecha de inicio sea solo un rumor, lo que demuestra el miedo que este proceso ha generado entre los migrantes”, concluyó Pilar Rodríguez, abogada de la organización Aculco.