CARACAS.— Las noticias económicas en Venezuela avanzan a una velocidad inusual. El Fondo Monetario Internacional se prepara para retomar el vínculo formal con el país tras más de dos décadas sin revisiones, mientras el gobierno interino de Delcy Rodríguez cerró acuerdos upstream con Chevron y Repsol para expandir la producción de petróleo. En paralelo, impulsa una nueva legislación minera para atraer capital extranjero.

Del lado de Washington, la administración de Donald Trump flexibilizó sanciones económicas —permitiendo a instituciones financieras operar con el banco central venezolano— y designó un nuevo diplomático de alto nivel, en un contexto de mejora en la relación bilateral. Todo ocurrió en apenas una semana.

Este conjunto de señales refuerza la estrategia de EE.UU. para desplazar del poder a Nicolás Maduro, estructurada en tres etapas: estabilización, recuperación y transición. Hoy, Venezuela parece transitar la fase intermedia. El país empieza a atraer delegaciones empresariales en busca de oportunidades, con privatizaciones en el horizonte y un impulso adicional por la suba del petróleo derivada del conflicto en Medio Oriente. En ese contexto, los bonos venezolanos reaccionaron al alza ante expectativas de normalización financiera.

Pero el enfoque de Washington —priorizar ventajas económicas sin exigir concesiones políticas concretas— abre un riesgo estratégico. La etapa clave es la transición política, y ahí el avance es limitado. Mientras el régimen envía señales ambiguas, también consolida poder: el regreso del general Vladimir Padrino al gabinete y la persistencia de más de 470 presos políticos, según Foro Penal, reflejan que el aparato de control sigue intacto.

En ese escenario, la figura de María Corina Machado vuelve al centro de la escena. La líder opositora, fuera del país desde diciembre, anticipó que regresará antes de fin de año. Sin embargo, ese calendario difuso juega a favor del oficialismo.

El problema es táctico: cada día que Machado no está en Venezuela es tiempo que el gobierno gana para consolidar su posición. Si su objetivo es presionar por elecciones libres y competitivas, su regreso debería acelerarse, incluso a riesgo de incomodar a Washington, que prioriza la estabilidad del actual equilibrio.

Mientras EE.UU. pide paciencia y se enfoca en la recuperación económica, el gobierno venezolano avanza en su reconfiguración interna sin avanzar en reformas institucionales de fondo. Ahí radica el punto crítico: sin presión política efectiva, la mejora económica puede convertirse en un parche y no en una solución estructural.

La experiencia reciente muestra que el chavismo no está mutando hacia un modelo más abierto, sino ajustando su estrategia para ganar tiempo. Apostar a que la normalización económica por sí sola resolverá el conflicto político es, en el mejor de los casos, optimista.

El único camino sostenible sigue siendo una transición con elecciones creíbles: autoridad electoral independiente, levantamiento de proscripciones y participación plena, incluida la diáspora. Sin ese marco, cualquier recuperación será parcial.

En términos simples: Venezuela puede estabilizar su economía, pero sin institucionalidad no hay crecimiento sostenido. Y para que eso ocurra, la política —no el petróleo— vuelve a ser la variable decisiva.