BEIGING.- El Gobierno de China asegura que arrestó a cerca de 13.000 personas a las que calificó de terroristas en la región islámica de Xinjiang desde 2014 y que desarticuló cientos de “bandas terroristas”.

La cifras están vinculadas en un reporte del gobierno sobre la situación en esa región noroccidental que busca responder a las crecientes críticas por el internamiento de un millón de uigures y otras minorías étnicas de mayoría musulmana, según las estimaciones.

Pekín describe los campos como centros de formación profesional y señala que la su “participación es voluntaria”. Exdetenidos alegan que fueron retenidos en condiciones abusivas, obligadas a renunciar al islam y jurar lealtad al gobernante Partido Comunista.

El documento publicado este lunes por las autoridades chinas dice que la “desradicalización en base a la ley” en Xinjiang ha frenado el aumento y expansión del extremismo religioso.

Sin embargo, los campos crecieron en los dos últimos años a una velocidad extraordinaria y a gran escala, según imágenes satelitales. China mantiene una presencia de seguridad masiva en esa provincia y los esfuerzos para verificar de forma independiente las denuncias de activistas uigures se bloquean de forma rutinaria.

Según el informe, las autoridades desarticularon 1.588 bandas terroristas y detuvieron a 12.995 terroristas desde 2014. En este periodo se han incautado además 2.052 artefactos explosivos y más de 30.000 personas fueron “castigadas” por participar en cerca de 5.000 actividades “religiosas ilegales”.

Además, agregó, se retiraron 345.229 copias de “materias publicitarios religiosos ilegales”.

Durante décadas, el Partido Comunista ha intentado suprimir el sentimiento independendista de esa región, alimentado en parte por la frustración ante la llegada de migrantes de la mayoría china han. Las autoridades de Beijing sostienen que los extremistas están vinculados a grupos terroristas extranjeros, pero han ofrecido muy poca evidencia que respalde su afirmación.

Expertos y activistas uigures creen que los campos forman parte de una agresiva campaña gubernamental para erosionar las identidades de grupos de Asia central que consideraban que la región era su hogar antes de la llegada de los migrantes en las últimas décadas.