CIUDAD DE MÉXICO.— La violencia que afecta diariamente al estado de Guerrero, tanto en áreas urbanas como rurales, está alimentada por los vínculos entre grupos criminales y autoridades locales, lo que representa uno de los mayores retos para Claudia Sheinbaum, quien asumirá la presidencia de México el 1 de octubre.

En septiembre, en Acapulco, un tiroteo en un bar frente al mar dejó dos heridos, mientras que en agosto se había encontrado una cabeza humana en el mismo lugar. Un empleado del establecimiento evitó responder preguntas, pero se presume que el ataque podría estar relacionado con el rechazo a pagar el «derecho de piso» a las bandas criminales.

El barrio de El Progreso, conocido por su alta inseguridad, es golpeado constantemente por la violencia. Un vecino relata que un hombre fue asesinado recientemente en una zapatería, algo que, según él, ocurre a diario.

El 10 de septiembre, un diario local reportó seis asesinatos en Acapulco, sin mencionar los cárteles que luchan por controlar las extorsiones y el narcotráfico.

Mientras tanto, en un cuartel de la policía en El Progreso, la alcaldesa Abelina López entregaba nuevos uniformes a los agentes, sin referirse a la violencia en su discurso. Aseguró que «Acapulco es un paraíso» y expresó su confianza en que la paz se construye desde el corazón, prometiendo mejorar las oportunidades para la policía y la comunidad.

Un colaborador comentó de manera confidencial que la corrupción se encuentra en otros niveles del gobierno, mientras que Eduardo Bailleres Mendoza, el nuevo secretario de Seguridad, reconoció la posibilidad de que los policías locales estén infiltrados por el crimen. Bailleres, un exmilitar, pretende implementar pruebas antidoping para los agentes, quienes ganan alrededor de 14.000 pesos mensuales (710 dólares), con el fin de evitar que caigan en las redes del narcotráfico.

Acapulco aguardaba la llegada de turistas para las fiestas de Independencia, siendo este el primer feriado tras la devastación del huracán Otis en 2023 y varios episodios violentos. En Coyuca de Benítez, un candidato a alcalde fue asesinado un día antes de las elecciones del 2 de junio.

Más al norte, en Santa Rosa de Lima, los residentes viven bajo la amenaza de La Familia Michoacana, una organización criminal que ha atacado con drones a las comunidades que se resisten a sus extorsiones. Azucena Rosas García, de San Antonio Texas, explicó que en abril lanzaron más de 20 bombas, provocando incendios forestales.

Los habitantes de la zona han formado grupos de autodefensa para protegerse, aunque enfrentan la resistencia de las autoridades. Víctor Espino, coordinador de las comunidades, comentó que ha sido detenido por portar armas, señalando que la ley se aplica de manera selectiva. Lamenta que ni los protegen ni les permiten defenderse.

Durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador, que promovió la política de «abrazos, no balazos» mediante programas sociales, se registraron casi 200.000 asesinatos. Sheinbaum, del mismo partido, ha prometido continuar con esa estrategia, pero con un enfoque en mejorar la coordinación entre las fuerzas del orden y la fiscalía general.

Mientras tanto, en Sinaloa, la violencia entre cárteles se intensificó a partir del 9 de septiembre, cobrando decenas de vidas.