CIUDAD DE MÉXICO.—Entre 2012 y 2023, alrededor de 210 defensoras de derechos humanos fueron asesinadas en Mesoamérica, durante un periodo en el que se registraron 35,077 ataques violentos contra activistas, con los actores estatales como los principales agresores, según un informe publicado recientemente en Honduras.

El documento titulado Datos que nos duelen, redes que nos salvan, elaborado por la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), señala que 210 activistas fueron asesinadas y se reportaron 275 intentos de homicidio en ese mismo intervalo. La organización también registró al menos 35,077 agresiones dirigidas a 8,926 defensoras y 956 organizaciones.

Lydia Alpizar, representante de IM-Defensoras, indicó que en los últimos años ha habido un «agravamiento de la violencia y diversas formas de agresión» contra las defensoras en países como El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua.

Además, señaló que, tras el asesinato de la ambientalista hondureña Berta Cáceres, las muertes violentas de activistas se han «disparado» en Honduras, que presenta «el mayor porcentaje» de asesinatos de defensoras de la tierra.

La activista subrayó que esta situación de «alta violencia hacia los territorios» por parte de empresas, crimen organizado y fuerzas del Estado se manifiesta, con «diferentes matices», en todos los países analizados, lo que convierte a Mesoamérica en un entorno «hostil» para la defensa de los derechos humanos.

El informe de IM-Defensoras revela que el 23% (6,629) de las agresiones documentadas se dirigen a mujeres que defienden el derecho a la verdad, la justicia y la reparación, mientras que la defensa de la tierra, el territorio y los recursos naturales representa el 15.6% (4,504).

Asimismo, las mujeres que defienden el derecho a informar y a la libertad de expresión son uno de los sectores más afectados, con un 14.1% (4,062), especialmente en El Salvador y Nicaragua.

Por otro lado, el 45% de las agresiones contra defensoras en Mesoamérica provienen de actores estatales, que incluyen cuerpos policiales (22.9%), autoridades locales, departamentales, provinciales, nacionales o federales (17.2%), y fuerzas militares (4.9%). Otros agresores incluyen a personas desconocidas (20.4%), empresas (5.3%), grupos paramilitares (5.3%), partidos políticos (4.7%), comunidades locales (3%), medios de comunicación (3%), crimen organizado (2.9%) y jerarquías religiosas (2.4%), entre otros.