MANILA.—El gobierno filipino ha afirmado su disposición a emplear la «autoridad y fuerzas» estatales para contrarrestar cualquier intento de secesión, en respuesta a la amenaza del expresidente Rodrigo Duterte de separar la isla sureña de Mindanao del resto del archipiélago. Este episodio refleja la creciente fractura dentro de la alianza que lidera el país.
Eduardo Año, asesor del Consejo de Seguridad Nacional y exministro del Interior y jefe de las Fuerzas Armadas durante el mandato de Duterte (2016-2022), declaró que el gobierno nacional no titubeará en utilizar su autoridad y recursos para sofocar cualquier intento de desmembrar la República, subrayando la soberanía e integridad territorial.
En los últimos días, Duterte, conocido por sus polémicas acciones, ha abogado por la autonomía de su isla natal, Mindanao, que cuenta con una población de 27 millones de habitantes y ha experimentado una relativa pacificación de los conflictos con grupos armados musulmanes que buscaban la secesión.
Se especula que detrás del llamado independentista de Duterte podría haber un intento de buscar refugio ante una posible condena por parte de la Corte Penal Internacional, que investiga la controvertida «guerra contra las drogas» llevada a cabo durante su gobierno. Según el diputado Raoul Manuel del Partido Karabataan, los Duterte buscan convertir Mindanao en un refugio ante la persecución internacional.
Duterte anunció el 30 de enero la recolección de firmas para independizar la isla, alegando que se trata de un proceso legítimo ante las Naciones Unidas. A pesar de que su hija, Sara Duterte, ostenta el cargo de vicepresidenta de Filipinas, el distanciamiento entre el presidente Ferdinand Marcos Jr. y la familia de Duterte es evidente, con acusaciones cruzadas sobre el uso de drogas y llamados a la renuncia de Marcos por parte de allegados a Duterte.
