CIUDAD DE GUATEMALA.— El Congreso de Guatemala tomó la decisión de levantar la inmunidad a cuatro magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE), acusados de supuesta adquisición ilegal de un equipo de cómputo utilizado en los comicios de este año que contenía datos no oficiales.
La votación, llevada a cabo esta noche, obtuvo el respaldo de 108 de los 160 legisladores del Parlamento, retirando así la inmunidad a los magistrados. Esto significa que ahora podrán ser investigados y detenidos en cualquier momento por este caso, impulsado por dos activistas de la extrema derecha.
Los magistrados despojados de su inmunidad son Irma Palencia, Mynor Franco, Gabriel Aguilera y Ranulfo Rojas, quienes estuvieron a cargo de la organización de las elecciones realizadas este año en Guatemala.
La decisión de retirar la inmunidad fue respaldada principalmente por diputados del partido Vamos, afín al presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, y sus aliados en el Congreso. Se requerían 107 votos según la legislación guatemalteca, y fue esta noche cuando la coalición oficial logró el total de votos necesarios para la moción.
Las acusaciones contra los magistrados incluyen abuso de autoridad, fraude e incumplimiento de deberes, según una investigación iniciada por el Ministerio Público (Fiscalía), entidad acusada a su vez de intentar modificar los resultados electorales de este año.
La Fiscalía ha señalado «irregularidades» en la adquisición de un sistema de transmisión de resultados electorales utilizado en las elecciones generales de junio y el balotaje de agosto en Guatemala. Este sistema se enfoca únicamente en la rápida publicación de los resultados para la población y no está relacionado con los resultados oficiales.
Desde julio, la Fiscalía ha intentado revertir la victoria electoral del presidente electo, Bernardo Arévalo de León, del Movimiento Semilla, una agrupación socialdemócrata.
El diputado de la oposición, Orlando Blanco, alertó sobre la intención de la Fiscalía y otros potenciales actores golpistas de designar nuevos magistrados del Tribunal Supremo Electoral para revertir el triunfo de Arévalo de León, quien está programado para asumir el cargo el 14 de enero.
Blanco subrayó: «Nunca antes habíamos enfrentado esta situación», en un mensaje difundido a través de sus canales de comunicación.
Por su parte, Arévalo de León acusó el pasado 1 de septiembre a la fiscal general, Consuelo Porras Argueta, de llevar a cabo un «golpe de Estado» en su contra para impedir su investidura.