PUERTO PRÍNCIPE.— El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó en un comunicado que durante el mes de abril, varios barrios de la capital de Puerto Príncipe fueron afectados por una nueva ola de violencia extrema, la cual resultó en la muerte de más de 600 personas.
La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció que, en los primeros cuatro meses de este año, al menos 1.446 personas han fallecido en la ola de violencia que sufre Haití. El número de asesinatos, secuestros y ataques violentos a personas en el país caribeño se incrementó un 28% entre enero y marzo respecto al mismo periodo del último trimestre de 2022.
El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, describió en un comunicado la situación en Haití como un «ciclo de violencia interminable». En el mes de abril, más de 600 personas murieron en una nueva ola de violencia extrema que afectó a varios barrios de la capital, Puerto Príncipe.
La Oficina Integrada de la ONU en Haití alertó sobre el aumento de la actividad de bandas armadas en áreas de Puerto Príncipe que anteriormente eran consideradas zonas seguras, especialmente en los barrios de Kenscoff y Pétion Ville, así como en el departamento de Artibonite.
Estos grupos violentos disparan de manera indiscriminada a civiles desde las azoteas de los edificios, irrumpen en vecindarios y viviendas, queman vehículos de transporte público y ejecutan a todas las personas que consideran opositoras a sus bandas.
La ONU registró la muerte de 21 policías y de 238 miembros de estos grupos violentos entre enero y marzo, en una ola de violencia que provocó que 13.490 personas huyeran de sus hogares para convertirse en desplazados internos. La debilidad de las fuerzas de seguridad ha provocado la proliferación de brigadas de vigilancia parapoliciales promovidas en ocasiones por líderes políticos y periodistas.
Además, la violencia sexual hacia mujeres y niñas se ha generalizado en todo el país, y los secuestros de niños, profesores, médicos, funcionarios de justicia y gubernamentales también se han agudizado en los últimos meses. En el terreno económico, las bandas están imponiendo impuestos ilegales a la ciudadanía, cortando el tráfico en las principales carreteras del país y saqueando negocios y vehículos.
Ante esta situación, la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió a la comunidad internacional que «despliegue una fuerza de apoyo especializada y respetuosa con los derechos humanos con un plan de acción integral para ayudar a las autoridades del país».
