PUERTO PRÍNCIPE.– Más de 1,4 millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares en Haití en 2025, un aumento del 36% respecto al cierre de 2024. El deterioro de la seguridad, el colapso de los servicios básicos y la presión de precios han convertido el desplazamiento interno en un fenómeno estructural.

El mapa del éxodo ya no se concentra en Puerto Príncipe: el 64% de los nuevos traslados ocurre fuera de la capital, con picos en las provincias de Artibonite y Centro, lo que refleja una crisis de alcance nacional.

Los campamentos espontáneos se multiplican —pasaron de 142 a 238 en lo que va del año—, con déficits persistentes de agua, saneamiento y atención primaria, lo que agrava la emergencia en un país con recursos cada vez más escasos.

La acogida comunitaria absorbe cerca del 85% de los desplazados, pero los hogares anfitriones muestran un agotamiento progresivo de ingresos, alimentos y agua. Las consecuencias se traducen en abandono escolar, deterioro de la salud y riesgo de nuevos movimientos internos.

Mujeres y niños concentran más de la mitad del desplazamiento, con un incremento de separaciones familiares en la búsqueda de zonas más seguras.

Deportaciones agravan la presión en las provincias fronterizas

En la franja oriental, las deportaciones desde República Dominicana —que superan las 207.000 personas en 2025— aumentan la presión sobre municipios fronterizos saturados, con mayor demanda de refugio, documentación y apoyo psicosocial.

La respuesta humanitaria prioriza refugio, agua potable, salud física y mental, protección y medios de vida, pero la brecha entre necesidades y asistencia se amplía con rapidez.

Evitar nuevas migraciones internas y el colapso de los servicios municipales requiere financiación sostenida, acceso seguro para la ayuda humanitaria y medidas de estabilización que fortalezcan la seguridad en rutas, la gestión del suelo y la resiliencia económica local.

El desplazamiento haitiano ha dejado de ser un episodio focalizado: es un desafío nacional y sostenido. Sin financiación estable ni operatividad garantizada, el número de familias obligadas a moverse —y la presión sobre las provincias— seguirá aumentando en los próximos meses.