RÍO DE JANEIRO.- La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Margarette May Macaulay, se mostró este lunes preocupada “por el discurso de odio” del presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, y sus ideas para combatir los altos índices de violencia en esa nación sudamericana.
Al finalizar su visita en el gigante sudamericano, Macaulay calificó de “atrocidad” las declaraciones sobre seguridad de Bolsonaro, y reconoció la preocupación de la comisión por el futuro de las comunidades más vulnerables de Brasil a partir del próximo primero de enero, cuando Bolsonaro asuma el poder.
Además de declararse un nostálgico de la dictadura militar brasileña (1964- 1985), el presidente entrante propone blindar jurídicamente a los pocillos en ejercicio de su actividad, en un país donde ya es raro que los agentes se expongan a sanciones por eventuales abusos. “Si uno de nosotros, civil o soldado es atacado, y dispara 20 veces sobre el atacante, debe ser condecorado y no ir a la Justicia”, aseguró durante su campaña.
Macaulay señaló que es una “atrocidad que cualquiera, especialmente alguien que está en el más alto poder país, pueda decir algo así, y esperamos que seasolo una declaración”.
Sin embargo, las palabras de Bolsonaro no tardaron en ser retomadas por el gobernador de Río de Janeiro. Wilson Witzel, que ya propuso el despliegue de francotiradores paramera apersonas que porten fusiles en las favelas de esa ciudad.
Durante 27 años, Bolsonaro fue diputado, casi un desconocido, pero alcanzó la fama nacional debido a una retórica exaltada, nutrida de comentarios machistas, racistas y homófonos, con la que se impuso en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales con el 55% de los votos hace dos semanas, frente al candidato Fernando Haddad.
“Estamos muy preocupados por esas declaraciones que nosotros en la comunidad internacional de los derechos humanos designamos como claros discursos de odio”, aseveró Macaulay.
Asimismo, la presidenta de la CIDH afirmó a la AFP que el organismo ya considera la “impunidad en relación a ejecuciones extrajudiciales, arrestos ilegales y detenciones ilegales” como algunos de los mayores abusos a los derechos humanos en Brasil.
Según el ultimo Anuario Brasileño de Seguridad Pública, 5.144 personas murieron durante intervenciones policiales en 2017, una media de 14 por día, lo que implica un aumento del 20% respecto al año anterior.
