WASHINGTON.— En una investigación que cruza tres fronteras y varios niveles de poder, agencias de inteligencia de Estados Unidos, Europa y América del Sur analizan una compleja red de vínculos financieros y logísticos que apuntaría a posibles socios argentinos y paraguayos del Cartel de los Soles, la estructura criminal vinculada al régimen de Nicolás Maduro.
De acuerdo con fuentes de inteligencia, los financistas argentinos Mauro Ezequiel Vicioso, Diego Hernán Izus y Fernando Gabriel Colantonio serían objeto de seguimiento por sus movimientos financieros y migratorios, y por presuntos lazos con el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, cuya provincia limita con Paraguay, una de las rutas más activas del contrabando regional.
Al mismo tiempo, el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) mantiene bajo observación a los empresarios Nahel Di Pascale y Federico Román Laffouillere, señalados como personas de interés en causas vinculadas con lavado de activos y transferencias internacionales sospechosas.
Una segunda línea de investigación apuntaría a la empresa National Shipping, propiedad de un empresario argentino con conexiones tanto con Caracas como con los gobiernos kirchneristas.
Según registros marítimos y documentos internos, esta compañía —junto a Federico Virasoro y el empresario petrolero Horacio Sambucetti— habría participado en operaciones irregulares utilizando documentación de los buques Juana Azurduy y Eva Perón, dos naves inconclusas y abandonadas por PDVSA en el Astillero Río Santiago, pero que, sorprendentemente, figuran navegando hacia Europa desde el puerto de Ushuaia.
La investigación ocurre en un momento de máxima tensión internacional. En julio de 2025, el Departamento del Tesoro de EE. UU. designó al Cartel de los Soles como organización terrorista global (SDGT) bajo la Orden Ejecutiva 13224, formalizando la acusación de que el régimen venezolano facilitó el tráfico de drogas, oro y armas con protección estatal.
La medida renovó el esquema de sanciones, reactivó recompensas por información sobre Nicolás Maduro y reavivó la cooperación judicial con aliados regionales.
El frente paraguayo: deuda, abogados y una red bajo sospecha
En paralelo, Paraguay se ha convertido en un terreno clave para rastrear los tentáculos financieros del cartel. El país mantiene una deuda de más de u$s 300 millones con PDVSA, pero las negociaciones colapsaron tras la ruptura diplomática decretada por Caracas en enero de 2025.
Lo más inquietante para las agencias occidentales es que, desde 2023, el régimen venezolano habría contratado a un grupo de abogados paraguayos vinculados al poder político y al club Cerro Porteño para defender bienes y activos del Cartel de los Soles en tribunales locales.
Entre ellos figuran Ariel Martínez, exministro de Justicia de Horacio Cartes y asesor del actual presidente Santiago Peña, junto a Santiago y Claudio Lovera Velázquez, María Chiara Pérez Leguizamón y Humberto Daniel Berni Brítez, todos señalados por ostentar un súbito enriquecimiento derivado de sus honorarios profesionales.
Fuentes judiciales en Asunción afirman que el grupo operaría bajo la fachada de litigios comerciales para mantener a flote sociedades vinculadas a PDVSA, como Naviera Conosur, Fluvialba Paraguay y PDVSA Paraguay S.A., hoy prácticamente inactivas pero con un historial de pagos, embargos y operaciones incongruentes con sus balances.
La pieza fluvial: barcazas, quiebras y lavado de activos
Estas compañías, creadas durante la etapa de “integración energética” entre los gobiernos de Chávez y Kirchner, se encuentran hoy en estado de abandono.
Sin embargo, sus nombres siguen apareciendo en operaciones de venta de chatarra, pago de acreedores y transferencias millonarias, lo que ha activado las alarmas de la SEPRELAD (Unidad de Inteligencia Financiera de Paraguay) por posibles maniobras de legitimación de capitales.
Fuentes judiciales y marítimas aseguran que siete embarcaciones del grupo Fluvialba permanecen hundidas o varadas en la Hidrovía Paraná-Paraguay, sin intentos de reflotamiento, y que el remanente de la flota podría estar siendo vendido de manera irregular a compradores argentinos ligados a exfuncionarios de PDVSA.
La Fiscalía estadounidense y el Tesoro miran con atención estas operaciones: buscan determinar si PDVSA —o sus filiales regionales— han funcionado como vehículos de lavado de dinero del Cartel de los Soles, mediante transacciones opacas que involucrarían empresas fantasmas, activos marítimos y estructuras legales en Paraguay, Argentina y Uruguay.
La red, que alguna vez se presentó como un proyecto de integración energética, hoy revela un entramado de sociedades fantasma, buques desaparecidos y abogados de doble agenda. Mientras EE. UU. intensifica la presión sobre el Cartel de los Soles, las investigaciones en Paraguay y Argentina podrían exponer una trama regional de corrupción y lavado que conecta al poder político, las rutas del narcotráfico y los restos de la estructura empresarial de PDVSA.
En el fondo, el mensaje es claro: el río Paraguay no solo mueve carga; también podría estar moviendo dinero sucio.
