BRASILIA.— Brasil atraviesa un momento clave tras la condena de Jair Bolsonaro. La sentencia del Supremo Tribunal Federal, que lo condenó a 27 años y tres meses de prisión por conspirar para subvertir el orden democrático tras perder las elecciones de 2022, tensó las relaciones con Estados Unidos.

El gobierno de Donald Trump respondió con aranceles del 50% a productos brasileños y sanciones a jueces como Alexandre de Moraes, uno de los magistrados que lo sentenció, aplicando la Ley Magnitsky.

Lula calificó la decisión judicial como “histórica” y advirtió que no aceptará lecturas externas que la reduzcan a una persecución política. Denunció que las medidas de Washington no responden a criterios económicos sino a motivaciones políticas para proteger al expresidente. Recordó que en los últimos 15 años Estados Unidos ha mantenido un superávit sostenido en su comercio con Brasil, lo que contradice la lógica de imponer nuevos aranceles.

El presidente brasileño insistió en que el país está abierto al diálogo, pero no aceptará injerencias en su sistema judicial ni cesiones en su soberanía. “La democracia y la soberanía de Brasil no están sobre la mesa”, afirmó, marcando las líneas rojas de su gobierno.

La condena a Bolsonaro abre así un nuevo escenario en América Latina: mientras Brasil defiende que su justicia actuó con garantías, Estados Unidos recurre a sanciones y aranceles como palanca política. El desenlace no sólo marcará la relación bilateral, sino también el rumbo de la democracia en la región.