BOGOTÁ.— El presidente Gustavo Petro finaliza este viernes su mandato con un balance mixto: redujo la pobreza y el desempleo, aprobó la reforma laboral y avanzó en la formalización de tierras, pero no logró implementar las reformas de salud y pensiones, mientras la estrategia de Paz Total dejó resultados por debajo de las expectativas.
Según datos oficiales, la pobreza monetaria cayó del 36,6% en 2022 al 28% en 2025, lo que implicó que 3,8 millones de personas salieran de esa condición durante el cuatrienio. La tasa de desempleo también descendió del 11,2% al 8,9%, en un contexto de recuperación gradual de la economía.
En materia legislativa, la principal victoria del Gobierno fue la aprobación de la reforma laboral, que fortaleció los contratos indefinidos, amplió los recargos nocturnos y dominicales e incorporó nuevas protecciones para distintos grupos de trabajadores.
En cambio, la reforma de la salud fue archivada por el Congreso, la reforma pensional permanece suspendida a la espera de un fallo de la Corte Constitucional y el Ministerio de Igualdad entró en proceso de liquidación tras ser declarado inconstitucional.
La reforma agraria mostró avances en la formalización de predios, con más de 1,87 millones de hectáreas regularizadas, aunque la entrega efectiva de tierras alcanzó 338.777 hectáreas, equivalente al 22,6% de la meta fijada para el mandato.
En el plano económico, el PBI colombiano volvió a acelerar su crecimiento hasta 2,6% en 2025, pero el Gobierno deja un déficit fiscal cercano al 6,4% del PBI, uno de los principales desafíos para la próxima administración.
La política de Paz Total fue uno de los puntos más cuestionados del mandato. De acuerdo con la Fundación Ideas para la Paz, los integrantes de grupos armados pasaron de 15.120 en 2022 a 28.802 en 2026, mientras continuaron los desplazamientos y los problemas de seguridad en distintas regiones del país.
Petro entregará la Presidencia a Abelardo de la Espriella con indicadores sociales mejores que al inicio de su gestión, aunque con importantes reformas inconclusas, una situación fiscal exigente y un escenario de seguridad que seguirá siendo uno de los principales desafíos del nuevo Gobierno.
