WASHINGTON.- Las dos cámaras que componen el Congreso de Estados Unidos acordaron la aprobación el esta semana de una ley que obligará al Secretario de Estado a informar al Congreso la identidad de los funcionarios de los países del Triángulo Norte involucrados en corrupción y tráfico de drogas.

El documento señala que deben ser publicados en una lista “los nombres de altos funcionarios gubernamentales en Honduras, Guatemala y El Salvador sobre los que hay información que han cometido o facilitado actos de gran corrupción o tráfico de drogas”.

Esta es una modificación a la Ley de Autorización de la Defensa Nacional introducida por la congresista demócrata Norma Torres. En la primera versión, era el Pentágono y la Dirección Nacional de Inteligencia las obligadas a informar al Congreso; con la modificación el asunto pasa ya al primer nivel ministerial y se convierte en tema de política exterior estadounidense.

Son tres listas las que el Secretario de Estado, en coordinación con su homólogo en el Departamento de Defensa, debe presentar a los comités de apropiaciones (presupuesto), relaciones exteriores y defensa de ambas cámaras. Las listas serán parte de un reporte sobre “narcotráfico, corrupción y financiamiento electoral ilícito” en los tres países del Triángulo Norte centroamericano.

Son tres listas las que el Secretario de Estado, en este caso Rex Tillerson, en coordinación con su homólogo en el Departamento de Defensa, debe presentar a los comités de apropiaciones (presupuesto), relaciones exteriores y defensa de ambas cámaras. 

Ambos órganos, de Estado y de Defensa, deberán agregar a las listas a los individuos que hayan donado a las campañas políticas con fondos “procedentes del narcotráfico u otras actividades ilícitas” en los últimos dos años. También deben elaborar otra de los candidatos que hayan recibido ese tipo de fondos.

Los comités del congreso deben recibir el reporte antes de cumplidos 180 días de la publicación de la reforma legal acordada esta semana por los negociadores de ambas cámaras. Un funcionario legislativo que ha conocido de primera mano las conversaciones en torno a esta ley consideró que esta podría estar vigente en septiembre de este año, lo cual implicaría que el primer reporte debería de estar en el Congreso antes del fin de 2018.