WASHINGTON.— La administración de Donald Trump deportó a presuntos miembros de una pandilla venezolana a pesar de una orden judicial que lo prohibía, argumentando en un comunicado extraordinario que el juez no tenía autoridad para bloquear sus acciones.

La operación de deportación desafió la decisión del juez James Boasberg, quien había ordenado suspender el uso de los poderes de tiempos de guerra de la Ley de Enemigos Extranjeros para expulsar rápidamente a más de 200 presuntos miembros del Tren de Aragua, una pandilla venezolana vinculada a secuestros, extorsiones y asesinatos por encargo.

«Un solo juez en una sola ciudad no puede dictar el movimiento de un avión lleno de terroristas extranjeros expulsados de suelo estadounidense«, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Leavitt insistió en que la corte «no tenía base legal» y que los tribunales federales «no tienen jurisdicción sobre cómo un presidente maneja asuntos exteriores».

El caso marca un desafío sin precedentes al sistema de equilibrio de poderes en EE. UU., según el experto en seguridad nacional Patrick Eddington, del Instituto Cato.

«Esto va más allá de cualquier precedente y representa la mayor prueba del sistema de pesos y contrapesos desde la Guerra Civil», afirmó Eddington.

Cuando se le preguntó si su administración había violado la orden judicial, Trump esquivó la cuestión: «Puedo decirles esto: estas eran personas malas», dijo a periodistas en el Air Force One.

Trump justifica la deportación como un acto de guerra

El juez Boasberg argumentó que la ley solo se aplica a actos hostiles de un país extranjero comparables a una guerra y bloqueó las deportaciones por 14 días.

Trump, sin embargo, defendió su decisión al equiparar el aumento de la inmigración con una guerra: «Esto es una guerra. En muchos aspectos, es más peligrosa que una guerra porque, al menos en una guerra, sabes quién es tu enemigo», dijo el presidente.

La orden de Boasberg, emitida el sábado por la noche, exigía que cualquier vuelo en curso regresara a EE. UU..

Pero el domingo, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, publicó un video en X que mostraba a los venezolanos bajando de un avión en la oscuridad, rodeados por un fuerte operativo de seguridad.

«Oopsie… Demasiado tarde», escribió Bukele junto a una captura de la noticia judicial, acompañándola con un emoji llorando de risa.

El mensaje fue compartido por el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, quien agradeció a Bukele por su ‘asistencia y amistad’.

¿Violación de la orden judicial?

Leavitt argumentó que la orden y la deportación «no entraban en conflicto» y que la Corte «no tenía jurisdicción» para interferir en la expulsión de «terroristas extranjeros».

Sin embargo, Reuters no ha podido confirmar si los deportados realmente son miembros de la pandilla ni si tienen antecedentes penales.

Mientras tanto, el gobierno de El Salvador y el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. guardaron silencio, y el Departamento de Estado declinó hacer comentarios.

No está claro cuántas personas fueron deportadas antes de la orden judicial. Según Axios, la Casa Blanca esperaba completar la operación antes de que el juez emitiera su fallo.

Un alto funcionario citado por el medio dijo que la orden «no contaba» porque los vuelos ya estaban «sobre aguas internacionales».

Esa misma postura pareció reflejarse en el comunicado de Leavitt, al afirmar que para cuando se emitió la orden, los venezolanos ‘ya habían sido removidos de territorio estadounidense’. Sin embargo, expertos legales cuestionaron esa justificación:

«La jurisdicción de un tribunal federal no termina en la costa«, afirmó Steve Vladeck, profesor de la Facultad de Derecho de Georgetown.

«El punto clave no es dónde ocurrió la acción, sino si los funcionarios de Trump desafiaron la orden judicial», explicó Peter Markowitz, experto en inmigración de la Escuela de Derecho Cardozo.