BOGOTÁ.- Más de un año después de que la Defensora del Pueblo alertó al país sobre el aumento sin precedentes de asesinatos de líderes sociales en Colombia, la situación lejos de mejorar, está empeorando cada vez más siendo el departamento del Cauca el más afectado.

En ese sentido, la Organización Nacional de Indígenas Colombianos (ONIC) denunció la muerte de un líder indígena emberá en una zona del departamento del Quindio, centro oeste del país.

Según la ONIC, en el último año han sido asesinados 115 líderes de diferentes etnias. La cifra no es común y ante la alarma generada pidieron la presencia de Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas ante Naciones Unidas.

Apenas un año después, en un informe de seguimiento a esta problemática, la Defensoría del Pueblo reporta que entre amenazas, atentados y homicidios el número de líderes afectados alcanza los 1.335 casos, lo que representa un aumento de más del 90 por ciento con respecto al periodo 2016-2018.

Las agresiones se han concentrado en líderes comunales locales, campesinos e indígenas que trabajan en defensa del territorio.

La ONIC pidió el apoyo de la comunidad internacional ante la incompetencia del Gobierno local para garantizar la seguridad en aéreas rurales donde ocurren estos hechos.

Asimismo, según el diario local El Espectador, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha constatado por lo menos nueve muertes de líderes indígenas en Cauca desde septiembre pasado.

De acuerdo con la organización Somos Defensores, las causas detrás de estos hechos de violencia están relacionadas con el trabajo político que hacen los líderes sociales en Colombia para promover la implementación de los acuerdos de paz.

En particular, por el trabajo que hacen para crear nuevos espacios de participación comunitaria, y sobre todo, por sus labores para frenar el flujo de las economías ilegales en sus tierras.

En muchos casos, los líderes sociales asesinados se han visto envueltos en actividades relacionadas con la sustitución de cultivos ilícitos, la creación de proyectos productivos y la repartición de tierras, todas las actividades encaminadas a dejar de producir droga y encontrar otra alternativa para su subsistencia.