LA PAZ.- El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia anuló este miércoles la condena de diez años impuesta a la expresidenta Jeanine Áñez por el caso “Golpe II” y ordenó su liberación inmediata. La decisión, adoptada por unanimidad, se basó en que el tipo penal aplicado sufrió modificaciones posteriores, lo que vulnera el principio de legalidad y el derecho al debido proceso.
El presidente del TSJ, Romer Saucedo, explicó que “la retroactividad de la ley” fue uno de los motivos principales para declarar nula la sentencia de 2022. “Esto significa que tiene que recuperar su libertad”, afirmó, y precisó que este era el único proceso penal vigente contra la exmandataria.
La resolución llega más de cuatro años después de su encarcelamiento en la prisión de Miraflores, en La Paz, donde permanecía desde marzo de 2021 bajo régimen preventivo.
El TSJ ordenó la liberación inmediata de Áñez y dispuso que el caso se tramite por la vía del juicio de responsabilidades, un procedimiento reservado a expresidentes y altos funcionarios que requiere autorización legislativa.
Con esta decisión, el tribunal invalida el proceso ordinario seguido contra la exmandataria y considera que no se cumplían las condiciones constitucionales para juzgarla por la vía penal común, lo que convierte la sentencia anterior en nula de pleno derecho.
El fallo sienta un precedente al devolver al ámbito político un caso juzgado por la vía ordinaria y obliga a reiniciar el proceso desde cero.
Jeanine Áñez asumió la Presidencia en noviembre de 2019 tras la renuncia de Evo Morales y la crisis institucional que siguió. Su mandato interino duró 361 días, hasta la asunción de Luis Arce en 2020.
En 2022 fue condenada a diez años de prisión por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución, en el marco del proceso conocido como “Golpe II”.
La anulación de la condena ocurre en un momento de recomposición política en Bolivia, tras los comicios de octubre de 2025, en los que el Movimiento al Socialismo (MAS) perdió su mayoría parlamentaria. Analistas interpretan la decisión como un giro en la justicia boliviana, en un contexto de debilitamiento del oficialismo.
Cuatro años de prisión preventiva y una condena anulada resumen un proceso marcado por la controversia judicial y política.
El fallo generó reacciones divididas. Sectores de la oposición celebraron la medida como una “restitución del Estado de Derecho”, mientras que organizaciones sociales afines al MAS expresaron su rechazo y exigieron que continúen los procesos por las víctimas de los sucesos de Sacaba y Senkata.
Fuentes judiciales confirmaron que la Sala Penal del TSJ notificará en las próximas horas al penal de Miraflores para ejecutar la orden de libertad. El proceso podría reabrirse bajo la figura de juicio de responsabilidades, aunque su avance dependerá del voto de dos tercios de la Asamblea Legislativa.
La salida de prisión de Áñez abre un nuevo capítulo en el debate sobre la independencia judicial y la justicia transicional en Bolivia. Con la anulación de la condena, el caso marca un punto de inflexión en la justicia del país: la exmandataria quedará en libertad tras más de cuatro años de reclusión, mientras Bolivia vuelve a discutir los límites entre justicia y política.
