BOGOTÁ.— Colombia aceptó el compromiso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de reparar a las víctimas de la represión policial en las protestas antigubernamentales de 2021, según confirmó el presidente, Gustavo Petro.
El mandatario hizo el anuncio a través de su cuenta de Twitter: «Me he reunido con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para examinar sus recomendaciones sobre el estallido social del 2020/21. El Estado se compromete a reparar las víctimas que dejó con ocasión de la represión que desató contra el movimiento social».
Me he reunido con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para examinar sus recomendaciones sobre el estallido social del 2020/21
El estado se compromete a reparar las víctimas que dejó con ocasión de la represión que desató contra el movimiento social pic.twitter.com/5ijfFhSlo3
— Gustavo Petro (@petrogustavo) January 27, 2023
Delegados de la CIDH visitaron el país sudamericano para hacer seguimiento a la respuesta del Estado colombiano a sus recomendaciones tras el estallido social que dejó más de 60 muertes.
Entre abril y junio de 2021, cientos de miles de personas salieron a las calles para manifestarse en contra del alza de impuestos a la clase media durante la fase más grave de la pandemia.
La comunidad internacional rechazó la violencia policial contra los grupos de manifestantes. En 2021, la CIDH fustigó al Gobierno por la respuesta «desproporcionada» y «letal» del escuadrón antimotines, y presentó un informe de 48 páginas con denuncias de violaciones a los derechos humanos.
Durante la presentación de un informe este viernes, la presidenta de la Comisión, Julissa Mantilla, destacó los «avances en las investigaciones de los delitos cometidos» por uniformados y civiles.
Petro respaldó a los grupos de manifestantes, varios de ellos jóvenes sin estudios ni empleo, como líder de la oposición. Al llegar al poder, en agosto de 2022, solicitó suspender las órdenes de captura de las personas encarceladas en medio de las protestas a cambio de prestar servicios humanitarios como «gestores de paz». La oposición rechazó la iniciativa al considerarla benévola con «terroristas».
