QUITO.— El presidente Daniel Noboa decretó la extensión por 30 días del estado de excepción en Ecuador, argumentando una “grave conmoción interna” provocada por el aumento de la violencia organizada y la escalada de protestas contra la eliminación del subsidio al diésel.
La medida suspende derechos constitucionales —como la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia— y autoriza a las fuerzas de seguridad a intervenir con el uso de la fuerza, aunque no contempla un toque de queda.
La decisión llega en un contexto de alta tensión política y social. La eliminación del subsidio al diésel desató un paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y movilizaciones masivas en distintas provincias. Frente a este escenario, el Gobierno busca reforzar su estrategia de control interno mediante la ampliación de medidas excepcionales.
El nuevo decreto presidencial extiende por 30 días el estado de excepción en las provincias de Guayas, Manabí, El Oro y Los Ríos, e incorpora al cantón Echeandía, en Bolívar, bajo el régimen especial de seguridad. Según el Ejecutivo, la medida responde al incremento de la violencia criminal y a los bloqueos de vías registrados en las últimas semanas.
El texto autoriza a las Fuerzas Armadas y a la Policía a emplear la fuerza “de manera excepcional” para mantener el orden público, proteger la seguridad interna y garantizar la paz social.
Nadie puede venir a tomarse por la fuerza la capital de todos los ecuatorianos.
A los que eligen la violencia, los espera la ley. A los que actúan como delincuentes, se los tratará como delincuentes.
Nosotros seguimos haciendo lo que nos corresponde: estaremos mañana en…
— Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) October 5, 2025
A diferencia de decretos anteriores, esta prórroga no incluye un toque de queda generalizado, sino que apunta a intervenciones focalizadas bajo normas excepcionales, con el objetivo de evitar una paralización total de la actividad nocturna.
La ampliación coincide con la continuidad del paro indefinido convocado por la CONAIE el 21 de septiembre. Las manifestaciones, que incluyen cortes de carreteras y concentraciones en varias provincias, han sido respondidas por el Gobierno con un despliegue militar reforzado para mantener el control territorial.
Desde Chimborazo, el presidente de la CONAIE, Marlon Vargas, acusó al Ejecutivo de actuar con “prepotencia” y advirtió que las comunidades indígenas están dispuestas a escalar las protestas: “La lucha continúa, y si debemos tomarnos la ciudad de Quito, lo haremos”, afirmó.
La medida ha reavivado la polarización política. Mientras el Gobierno defiende su estrategia como necesaria para combatir el crimen organizado y evitar el caos social, organizaciones civiles y sectores opositores denuncian un retroceso en materia de derechos y libertades.
Analistas advierten que la combinación de represión y protesta puede escalar el conflicto si el Ejecutivo no abre espacios de diálogo. En última instancia, el éxito de la prórroga dependerá de su implementación —respetando los derechos fundamentales— y de la capacidad del Estado para estabilizar la situación sin profundizar la crisis social.
