BOGOTÁ.- Cuando el Gobierno colombiano firmó en 2016 el acuerdo de paz, ante los ojos del mundo, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), le pusieron fin a más de medio siglo de guerra y zozobra y ambas partes dijeron que marcaba el inicio de una nueva era.

Sin embargo, dos años y medios después de que los milicianos entregaron sus armas, muchas de las promesas hechas no están siendo cumplidas, y la paz, como la columna vertebral del país, dista mucho de estar asegurada.

Cerca de 3 mil milicianos han regresado a las montañas para retomar las armas. Millones de colombianos aún aguardan la llegada de carreteras, escuelas y electricidad.

El panorama es tenebroso, al menos 500 defensores de los derechos humanos y líderes comunitarios han sido asesinados y más de 210 mil personas han sido desplazadas de sus hogares. El joven presiente de Colombia, Iván Duque, está empeñado en cambiar un compromiso fundamental para que los rebeldes acordaran poner fin a la violencia.

Se suponía que el acuerdo firmado en La Habana en septiembre de 2016, pactado entre el Gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos y las FARC, aliviaría las carencias rurales que habían alimentado el conflicto y que llevaron a cientos de personas a recurrir a la economía del narcotráfico para sobrevivir.

El acuerdo pide “educación universal” en las zonas rurales desde preescolar hasta secundaria, acceso garantizado a agua potable y subsidios para programas de desarrollo. A cambio, las FARC cesarían todas las hostilidades y entregarían sus armas.

En ese sentido, poblados como Juan José no ha experimentado ningún cambio. La comunidad de 8 mil habitantes aún no tiene agua corriente y no se han construido escuelas. Emilio Archila, un asesor del Gobierno, dijo que muchas de las promesas del acuerdo, como el suministro de agua y electricidad, tardarían más de una década en cumplirse.

En el acuerdo también se pactó un programa de sustitución de cultivos que prometió pagos en efectivo a los productores que arrancaran sus plantas de coca y las reemplazaran por cultivos legales.

Sin embargo, los residentes dicen que los pagos cesaron después de que Duque asumió la presidencia. Con el tiempo se reanudaron, pero los funcionarios que debían introducir los cultivos alternativos jamás llegaron a la zona. Así que muchos retomaron la siembra de coca.

Asimismo, un pilar central del acuerdo es la promesa de esclarecer la verdad de lo que sucedió durante todos esos años de conflicto armado, con el objetivo de lograr la reconciliación nacional. El acuerdo estableció tribunales para procesar crímenes y abusos donde han declarado más de diez mil excombatientes y 2 mil miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia. Pero Duque, ha solicitado una revisión de esos tribunales, calificándolos de indulgentes.

La garantía de inmunidad fue fundamental para que las FARC firmaran el acuerdo. Si es revocada, los expertos advierten, que podría minar el acuerdo y tener consecuencias desastrosas.

Un estudio reciente reveló que el 23% de las 578 cláusulas del acuerdo se ha implementado. Pero la investigación sostiene que, pese a este “progreso constante”, solo un tercio de los compromisos entablados se cumplirían en un periodo de al menos 15 años.

El fracaso se da en el tema de seguridad, sin duda. El Gobierno de Duque ha sido incapaz de hacer presencia en muchas áreas rurales, y la ilegalidad y el desorden resultantes han demostrado ser mortales.

La FARC dijeron en mayo que 130 de sus ex combatientes habían sido asesinados desde la firma del acuerdo. Los exrebeldes también se quejan de que el desarme los deja indefensos contra las pandillas de paramilitares que los persiguen y hostigan.