BUENOS AIRES.- En los inicios de la causa el empresario Cristóbal López fue citado a rendir indagatoria por presunta evasión tributaria agravada, después, por la supuesta apropiación indebida de impuestos por una suma de más de 8 mil millones de pesos argentinos.
El 13 de julio de 2016 el juez Julián Ercolini dictaminó la inhibición general de bienes de López y de su socio y mano derecha, Fabián de Souza, y de todas las empresas que integran el Grupo Indalo. El 19 de diciembre de 2017, López junto a De Sousa fueron detenidos en presión preventiva por disposición del juez federal Ercolini, por el intento de venta de participaciones en sus empresas y a juicio del magistrado “podrían entorpecer la investigación de la causa”.
En este sumario aunque sin prisión preventiva se encuentra procesado Ricardo Echegaray, extitular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), acusado de permitir que López no pagara sus deudas fiscales.
En marzo del corriente año la Sala I de la Cámara Federal determinó dejar en libertad a López y a De Sousa ya que a su consideración no estaba en riesgo la investigación por haber retenido impuestos a los combustibles de su petrolera Oil. Además, los togados resolvieron cambiar la carátula de la causa de “participes necesarios de administración fraudulenta agravada en perjuicio del Estado nacional” a ser investigados por simple evasión.
El cambio de carátula fue apelado por la AFIP y modificó la acusación en su contra. El organismo es querellante en el caso.
El 27 de abril López fue nuevamente detenido, tras haber gozado de libertad un poco más de un mes, acusado de evadir 8 mil millones de pesos en el impuesto a los combustibles, al igual que su socio De Sousa. La detención de los empresarios fue ordenada por los jueces Gustavo Hornos y Eduardo Riggi.
Durante esta resolución se resolvió revocar la prisión preventiva de los empresarios ligados al kirchnerismo y determinando así que el delito por el cual son acusados no es defraudación sino una evasión, como se mencionó anteriormente, lo que significa que tanto López como De Sousa no tienen razón para permanecer recluidos en cuanto la investigación ya termino.
