LA HABANA.- Una semana después de que Washington activó un mecanismo que permite a sus nacionales entablar demandas a empresas de terceros países que operan en Cuba, funcionarios del gobierno español llegaron a la isla y prometieron la puesta en marcha de un fondo de inversiones por 420 millones de dólares y la apertura de oficinas de asesoría para proteger sus firmas.
La ministra de Industria, Comercio y Turismo del país europeo, María Reyes Maroto, aseguró a la prensa que “no solo hay un presente, sino futuro y por lo tanto el compromiso…de España de estar defendiendo los intereses de las empresas españolas en la isla”.
“Hoy con mi presencia aquí quería también acompañar ese compromiso”, agregó Reyes Maroto, quien el miércoles recorrerá algunas de las firmas que podrían verse afectadas por la entrada en vigor el 2 de mayo del título III de la Helms- Burton, con el cual el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agudizó las sanciones a la isla.
La norma permite que estadounidenses o cubano-americanos presentes demandas en los tribunales contra firmas de terceros países que usen de alguna forma propiedades nacionalizadas por Cuba tras el triunfo de la revolución. Cuba asegura que tales nacionalizaciones se hicieron conforme a derecho y las empresas señalan que sus inversiones fueron legítimas.
Varios compañías europeas, sobre todo españolas, se encontrarían afectadas.
Reyes Maroto indicó que su gobierno abrirá dos oficinas, una en La Habana y otra en Madrid, específicamente para respaldar y asesorar a los empresarios españoles que pudieran sentirse afectados y al mismo tiempo pondrá en vigor un fondo de 375 millones de euros, 420 millones de dólares, para inversiones que fue oficialmente firmado en 2016.
El dinero se entrega a empresas españolas sin reembolso para que cubran gastos de inversión en proyectos prioritarios de la economía cubana y en la propia isla.
