BUENOS AIRES.- El Gobierno de Javier Milei decidió este jueves bloquear el acceso de periodistas acreditados a la Casa Rosada, en una medida sin antecedentes recientes que desató un rechazo generalizado de medios, organizaciones del sector y dirigentes de la oposición.

Sin previo aviso, la administración deshabilitó el sistema de huellas dactilares que permitía el ingreso diario de unos 60 cronistas de medios nacionales e internacionales a la sede del Ejecutivo. La restricción llegó poco después de que el Gobierno denunciara penalmente a los periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno, de la señal Todo Noticias, por una supuesta violación de seguridad vinculada a la difusión de imágenes del interior del edificio.

Desde la Secretaría de Medios, el funcionario Javier Lanari justificó la decisión como una acción “preventiva” ante una denuncia de la Casa Militar por presunto espionaje ilegal. Según explicó, el objetivo es “garantizar la seguridad nacional”, aunque no se difundieron detalles sobre la investigación en curso ni un comunicado oficial ampliando la medida.

En paralelo, Milei volvió a tensar el vínculo con el periodismo. A través de redes sociales, reafirmó su postura crítica hacia los medios con mensajes que incluyeron acusaciones generalizadas contra periodistas, en línea con una relación que desde el inicio de su gestión estuvo marcada por confrontaciones verbales y judiciales.

Reacción del sector y advertencias institucionales

Las principales entidades periodísticas salieron al cruce. La ADEPA expresó su “máxima preocupación” por una decisión “intempestiva” que —advirtió— afecta de manera directa la libertad de expresión y el derecho a la información. En la misma línea se pronunciaron el FOPEA y el SiPreBa, que calificaron la medida como de “extrema gravedad institucional”.

Desde dentro de la sala de prensa, periodistas acreditados señalaron que no hubo comunicación oficial previa ni explicaciones formales sobre el cierre del acceso. En respuesta, analizan presentar una acción de amparo para revertir la decisión.

El cuestionamiento también escaló al plano internacional. Amnistía Internacional advirtió sobre un “deterioro veloz y sostenido” del clima para el ejercicio del periodismo en Argentina, y alertó que la estigmatización de la prensa “se ha transformado en política de Estado”.

Presión política y judicial

En el Congreso, legisladores opositores reclamaron explicaciones urgentes al Ejecutivo. Un grupo de diputados se presentó en la Casa Rosada para manifestar su apoyo a los periodistas afectados y exigir precisiones sobre la decisión.

Entre ellos, la diputada Mónica Frade sostuvo que el Gobierno “no resiste que la prensa esté cerca” y vinculó la medida con un intento de limitar el escrutinio público. En paralelo, Marcela Pagano presentó una denuncia penal contra el Presidente por impedir el acceso de los periodistas, al considerar que se trata de una restricción directa a la libertad de expresión.

El conflicto abre un nuevo frente en la relación entre el Gobierno y los medios, con derivaciones judiciales en marcha y un impacto político que, lejos de disiparse, tiende a escalar. La discusión de fondo —seguridad vs. acceso a la información— ya quedó planteada, pero el costo institucional empieza a ser el verdadero foco del mercado político.