LIMA.- El presidente de Perú, Martín Vizcarra, pidió el miércoles al Congreso aprobar una ley para remover al fiscal general Pedro Chávarry luego que el lunes el máximo fiscal destituyera a dos investigadores que indagaban a la élite política implicada en sobornos de la empresa Odebrecht, provocando protestas en varias ciudades del país. 

Vizcarra se fue caminado el miércoles hasta el parlamento donde cerca de dos mil personas gritaban “¡fuera Chávarry!”. Allí el presidente entregó su proyecto de ley mientras el controvertido fiscal le daba marcha atrás a su destitución y reponía a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez. El primero es el coordinador del equipo del caso Odebrecht y el segundo investiga a la opositora Keiko Fujimori y al expresidente Alan García. 

A su partida del parlamento, el presidente dijo a la prensa local que se alegraba de la restitución de los fiscales pero comentó que su iniciativa “ya ingresó” al Congreso. El proyecto de ley también propone que un fiscal general transitorio dirija el Ministerio Público hasta que el consejo elector de magistrados elija a un nuevo fiscal general. 

Chavárry parecía estar perdiendo el apoyo de los partidos de Keiko Fujimori y del expresidente García, pero la aprobación del proyecto propuesto por Vizcarra es incierto en un parlamento opositor dominador por el partido de Fujimori y apoyado por el de García.

El proyecto del jefe de Estado para apartar a Chavárry es uno de los últimos capítulos de una relación que comenzó deteriorada. Jamás coincidieron en actividades públicas e incluso Vizcarra no asistió a la juramentación del fiscal general, quien asumió en julio en medio de fuertes cuestionamientos por no haber alcanzado el puntaje mínimo para acceder al máximo puesto del Ministerio Público. 

Como en otros países de América Latina, el caso Odebrecht ha provocado una profunda crisis en Perú que ha salpicado toda la élite política actual. La fiscalía de Perú investiga a todos los presidentes que han gobernado el país desde 2001 hasta 2018 por presuntos delitos de corrupción y lavado de activos.