LIMA.— El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) de Perú, en colaboración con la policía, ha puesto en marcha un operativo que incluye detenciones y allanamientos en las viviendas y oficinas de asesores y exasesores de la fiscal general Patricia Benavides.

Los asesores están siendo investigados por formar parte de una supuesta organización criminal que operaba dentro del Ministerio Público. Se les acusa de influir de manera ilícita en las decisiones de los congresistas para la destitución de los titulares de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la designación del actual defensor del pueblo, Josúe Gutiérrez, y la inhabilitación de la exFiscal de la Nación Zoraida Ávalos con fines indebidos.

En respuesta a estas investigaciones, Benavides destituyó a la fiscal Marita Barreto, coordinadora del Eficcop, y afirmó su decisión de permanecer en el cargo. Considera que estas investigaciones son un intento torpe de obstruir las pesquisas contra altos funcionarios gubernamentales por las numerosas muertes ocurridas durante las protestas antigubernamentales de diciembre a marzo pasados.

Además, Benavides presentó una denuncia constitucional en el Congreso por el delito de homicidio calificado contra la presidenta Dina Boluarte, el primer ministro Alberto Otárola y otras altas autoridades. Argumenta que no se puede tolerar la pérdida de vidas ni el abuso del poder.

En desacuerdo con la destitución de Barreto, los fiscales anticorrupción expresaron su respaldo y ratificaron su apoyo a las acciones lideradas por la Dra. Marita Sonia Barreto Rivera, considerada una de las fiscales más prestigiosas en Perú. Criticaron la resolución emitida por la fiscal de la Nación en funciones, que consideran solo retrasa y perjudica las investigaciones en curso.

Asimismo, solicitaron a los miembros de la Junta de Fiscales Supremos que actúen con responsabilidad en defensa de la institucionalidad, y llamaron a las instituciones y la ciudadanía a permanecer vigilantes ante cualquier acción contra los fiscales del Eficcop.

En otro frente, los fiscales supremos Pablo Sánchez y Juan Carlos Villena exigieron la renuncia de Benavides tras las revelaciones de una investigación que la vincula como líder de una supuesta organización criminal en el Ministerio Público. Paralelamente, la congresista Ruth Luque presentó una denuncia constitucional contra la fiscal general por presuntas infracciones a la Constitución y delitos.

El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, mostró su sorpresa y preocupación por la situación en el Ministerio Público. Exhortó a permitir que la fiscal Barreto continúe al frente de las investigaciones en curso. En declaraciones a un canal de televisión, Luque señaló que lo sucedido en la madrugada es un desenlace del grave deterioro antidemocrático al que actualmente se enfrenta Perú.