LIMA.- El Gobierno de Dina Boluarte decidió prolongar el estado de emergencia en la región sureña de Puno por un período adicional de 60 días.
La medida busca permitir que las Fuerzas Armadas asuman el control del orden interno en esa jurisdicción, con el respaldo de la Policía Nacional de Perú (PNP). El decreto correspondiente fue publicado en la víspera.
Puno es una región ubicada en la zona surandina y colinda con Bolivia. Durante las protestas antigubernamentales a principios de 2023, se produjeron violentos enfrentamientos entre las fuerzas del orden y los manifestantes, que también mantuvieron bloqueos en carreteras y caminos durante un prolongado período.
La semana pasada, las organizaciones sociales de Puno convocaron a un paro de 24 horas con el objetivo de reanudar las protestas contra Boluarte. Sin embargo, la adhesión a esta medida fue baja.
La prórroga del estado de emergencia en Puno se basa en la aplicación del artículo 137, inciso 1, de la Constitución Política. Dicho artículo establece la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos constitucionales relacionados con la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito por el territorio nacional, la libertad de reunión, así como la libertad y seguridad personal.
El Gobierno peruano ha dispuesto que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) continúe ejerciendo el Comando Unificado del Ejército y la PNP en Puno. Esta decisión se basa en las normas legales vigentes que definen los alcances de un comando militar en situaciones similares.
Durante este período de emergencia, las Fuerzas Armadas tienen la responsabilidad de proteger los activos críticos a nivel nacional, contando con la intervención y el respaldo de la PNP. Además, se encargan de garantizar la protección de instituciones públicas y privadas, así como de instalaciones estratégicas relacionadas con la explotación o el transporte de recursos naturales y de las vías determinadas por la Policía.
En una reciente asamblea de organizaciones sociales de Puno, también se acordó llevar a cabo una nueva marcha de protesta hacia Lima en las próximas semanas. Esta marcha será similar a la que tuvo lugar a principios de 2023 y que fue uno de los últimos actos de movilización tras la destitución del expresidente Pedro Castillo en diciembre de 2022.
Las protestas estallaron en Perú después del intento de golpe de Estado fallido liderado por Castillo y continuaron desde enero con movilizaciones y enfrentamientos con las fuerzas del orden en rechazo al Gobierno de Boluarte, quien asumió la presidencia por ser la vicepresidenta.
Según diversas fuentes, al menos 49 civiles perdieron la vida durante esos enfrentamientos, mientras que el total de fallecidos en las protestas fue de 77, ya que otras personas, incluyendo varias haitianas, también murieron debido a acciones como el bloqueo de carreteras.
