QUITO.- La Fiscalía General de Ecuador a cargo de Diana Salazar pidió la pena máxima para el expresidente Rafael Correa y otros procesados, así como una reparación integral de más de un millón de dólares al Estado por su posible implicación en el delito de cohecho en el caso conocido como Sobornos.

Salazar expuso en un alegato de casi tres horas su argumentación y señaló que la audiencia, que se prolongó cerca de dos semanas, “demostró la existencia de una estructura de captación de dinero irregular, liderada por el expresidente Rafael Correa”.

“Con base en las pruebas durante la audiencia de juicio, La Fiscalía General del Estado solicita el máximo de la pena contemplada por delito de cohecho y que se consideren agravantes para los procesados, en calidad de autor mediato Rafael Correa por tener el dominio de la organización y poder absoluto sobre la estructura criminal así como beneficiario de los sobornos”, dijo Salazar.

El delito está tipificado en el Código Penal ecuatoriano con una pena de tres a cinco años si es un servidor público el que ejecuta el acto.

No obstante, Salazar pidió al tribunal de la Corte Nacional que los procesados “sean sancionados con el máximo de la pena, aumentada en un tercio, por existir el agravante de haber ejecutado el hecho punible con la participación de dos o más personas”.

Salazar sostiene que en la cúspide de la estructura criminal estaba Correa y partir de ahí sus funcionarios ejecutaban las órdenes que el expresidente daba.

Asimismo, la imputación incluye a 10 empresarios privados. De acuerdo con la legislación de Ecuador el delito de cohecho no prescribe y puede ser juzgado en ausencia de los acusados.

Esto sería una traba para las ambiciones electorales de Correa, quien no descartó una eventual postulación a la Vicepresidencia de la República o la la legislatura en las elecciones generales de 2021.

De ser sentenciado, deberá cumplir la pena cuando regrese al país.