SAN JOSÉ.-  El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, negó este miércoles en una audiencia ante una comisión legislativa, con la presencia de la mayoría de los congresistas del Parlamento, que la efímera Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) haya espiado a la ciudadanía y afirmó que su creación fue de “buena fe” para generar políticas públicas. 

Alvarado calificó como “un grave precedente” su audiencia ante la Asamblea Legislativa. El presidente tuvo que rendir cuentas luego de que el pasado 17 de febrero de 2020 la prensa local divulgara un decreto que pretendía establecer la UPAD. 

La polémica se desató por el artículo 7, el cual indicaba que “las instituciones de la Administración Pública Central y Descentralizada deberán permitir el acceso a toda información que sea requerida por parte de la UPAD para el cumplimiento de sus fines y objetivos “incluida la información de carácter confidencial con la que cuenten las instituciones públicas”. 

Para la prensa que reveló el decreto y la oposición, la intención del Ejecutivo era espiar a la ciudadanía, una acusación que Alvarado rechazó. Y aunque en medio de la ola de críticas el jefe de Estado derogó el decreto, ahora se le investiga por la presunta violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato tras firmar la mencionada orden. 

Al contrario, Alvarado dijo que la UPAD pretendía colaborar, mediante el análisis de datos, en la creación de políticas públicas basadas en la ciencia, y nunca para beneficios particulares o de terceros, o con fines electorales. El presidente defendió la legalidad de la unidad y reconoció que el decreto tuvo que ser derogado por la “confusión” que generó el artículo 7. 

Receso de la rendición de cuentas de la labor realizada por el equipo de análisis de datos. Ni uno solo de los cinco millones de costarricenses ha sido espiado o ha visto su privacidad comprometida con los proyectos que se desarrollaron. Lo aseguro. pic.twitter.com/Lsg4FrsgdB

— Carlos Alvarado Quesada (@CarlosAlvQ) February 10, 2021

 Alvarado considera su comparencia un “grave precedente” ya que esta es la primera vez que un presidente es llamado a declarar ante el Congreso y la segunda en que un mandatario es citado por una Comisión Legislativa, pues la Constitución no establece un mecanismo que dictamine que el mandatario pueda ser requerido por el Legislativo. Sin embargo, las comisiones legislativas, que suelen ser integradas por siete diputados, sí pueden citarlo por un asunto específico.