BOGOTÁ.— En una audiencia que duró más de 12 horas, la jueza Carmen Helena Ortiz denegó la solicitud de archivar el caso contra Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia.

La solicitud había sido presentada por la Fiscalía General de la Nación en marzo de 2021, apelando a “ausencia de delito” en las conductas de las que se acusa al líder del Centro Democrático, partido de poder y Gobierno en Colombia.

“Resulta claro para el despacho que sí existe una hipótesis posible acerca de la materialidad del soborno en la actuación penal de Uribe”, dijo la magistrada en una audiencia en Bogotá.

La decisión todavía no está en firme y puede ser apelada por la defensa del expresidente, el político de casi 70 años que está en plena campaña presidencial para las elecciones del próximo 29 de mayo, donde apuesta a que gane un candidato de su entera confianza.

Si finalmente un tribunal superior acoge el dictamen de la jueza, Uribe deberá ir a juicio y eventualmente podría ser condenado a prisión por los delitos que se le imputan.

“El despacho rechaza la petición de reclusión de investigación por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal”, agregó Ortiz.

El proceso contra Uribe ha logrado dilatarse por años y justo antes de las elecciones presidenciales en la que el Centro Democrático se juega la permanencia en el poder se reactivó el caso.

Uribe enfrenta cargos por soborno y fraude procesal contra el senador de la oposición Iván Cepeda. En 2012, Uribe presentó una denuncia contra el congresista por un supuesto complot con testigos falsos para enlodarlo y vincularlo con grupos paramilitares de ultraderecha, responsables de violaciones de derechos humanos en la guerra clandestina contra rebeldes guerrilleros.

Sin embargo, la Corte se abstuvo de enjuiciar a Cepeda y, en su lugar, al investigar el caso, los magistrados concluyeron que Uribe trató de manipular testigos para desacreditar a su opositor.

El tribunal fue más allá y en agosto de 2020 ordenó el arresto domiciliario del expresidente mientras avanzaba en la investigación.

Uribe despachó todo su arsenal político contra la Corte Suprema por alegando un “sesgo político”, logrando salarse de esa jurisdicción al renunciar al escaño que ocupaba en el Senado desde 2014. Su expediente pasó entonces a un tribunal ordinario, una jugada que en Colombia es común entre los políticos más corruptos, que finalmente levantó la orden de reclusión que pesaba sobre Uribe.

La fiscalía asumió la investigación y el año pasado planteó a la justicia el archivo del caso por considerar que no había delito. No obstante, la juez negó este miércoles los argumentos del Ministerio Público.