BOGOTÁ.- El año pasado fue fatídico para los periodistas colombianos, objeto de asesinatos, amenazas, censura, agresiones además de la pérdida masiva de sus puestos trabajos, según un informe revelado este domingo, en el día nacional de los trabajadores de prensa.
Fue un “año negro” asegura parte del informe “Callar y fingir. La censura de siempre”, elaborado por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), una ONG de reporteros que monitorea las agresiones contra los periodistas locales.
El documento sostiene cifras que se pueden reducir a los siguientes datos: 515 ataques a la prensa, de los cuales 137 fueron amenazas, cuatro secuestros, dos asesinatos, 66 agresiones en su mayoría de autoridades durante el cubrimiento de las protestas sociales, 12 silenciamientos por acoso judicial y cientos de despidos.
Las balas contra la prensa vinieron de todos lados, según el informe, incluyendo al Gobierno, que guardó silencio frente a las agresiones de policías a periodistas durante la huelga nacional o por reincorporar como asesor de comunicaciones a quien ordenó censurar un programa de televisión pública porque su presentador era “demasiado crítico”.
Así también de los jueces, que en 26 casos le cerraron la puerta a los periodistas por cubrir casos de corrupción, de guerrilleros, disidentes, narcotraficantes y paramilitares que amenazaron y desplazaron a periodistas para informar de sus atrocidades o negocios ilegales.
Sin embargo, los dos casos más relevantes de las diferentes violencias desatadas contra los periodistas fue el asesinato de Mauricio Lezama el 9 de mayo en Arauquita (sureste), mientras preparaba un cortometraje.
Lo fue también el homicidio de Libardo Montenegro el 11 de junio en Samaniego (sur), quien desde su radio local impulsaba y alentaba la implementación del acuerdo de paz en su región, azotada por bandas criminales y grupos guerrilleros que se disputan las rutas del narcotráfico.
En mayo, el corresponsal en Colombia del prestigioso diario The New York Times, Nicholas Casey, publicó un informe que revelaba la posibilidad de que una directiva oficial podría abrir la puerta a nuevos crímenes de Estado por parte de militares.
A todo lo anterior se sumó un escenario aún peor: la pérdida progresiva de los puestos de trabajo. Al menos 1.100 trabajadores de prensa fueron despedidos en los últimos cuatro años por razones económicas, de acuerdo a la versión de los dueño de la prensa local, que en último tiempo pasó a manos de grandes emporios empresariales y financieros.
