CARACAS.— Activistas de derechos humanos en Venezuela han expresado su preocupación por la nueva ley de fiscalización de ONG, aprobada el jueves por el Parlamento, señalando que «intensificará la persecución» contra críticos del presidente Nicolás Maduro, en un contexto de denuncias de fraude en su reelección.
El Parlamento, controlado por el chavismo, aprobó por unanimidad esta ley que obliga a las ONG a registrarse en un sistema gestionado por el Ministerio de Interior y a reportar sus donaciones, indicando si provienen de fuentes nacionales o extranjeras.
Esta ley es parte de un paquete legislativo impulsado por Maduro tras protestas contra su proclamación como ganador de las elecciones del 28 de julio, que dejaron 25 muertos, casi 200 heridos y más de 2.400 detenidos.
Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, advirtió que la ley tiene un objetivo punitivo y estimó que afectará a unas 10.000 organizaciones en el país. Una vez publicada en la Gaceta Oficial, las ONG tendrán 90 días para registrarse y 180 días para adaptar sus estatutos a la nueva normativa, sin plazos establecidos para la respuesta del Estado.
Daniels advirtió que la ley podría dejar a las ONG a merced de decisiones arbitrarias de funcionarios, describiéndola como una «espada de Damocles». La organización de derechos humanos PROVEA criticó la ley en un comunicado, calificándola como un golpe para controlar hasta el más mínimo aspecto de la vida de las personas y amenazando con multas y disoluciones a las ONG consolidadas.
Espacio Público, que defiende la libertad de expresión, argumentó que la ley criminaliza a las organizaciones de la sociedad civil.
Las ONG han sido esenciales en la denuncia de violaciones de derechos humanos en Venezuela, donde las fuentes oficiales son a menudo opacas. Sin embargo, estas organizaciones son frecuentemente atacadas por altos funcionarios del gobierno, quienes las acusan de conspirar contra Maduro con financiamiento extranjero.
Esta ley fue propuesta en enero de 2023 por Diosdado Cabello, un destacado dirigente chavista, quien acusó a más de 60 ONG de «desestabilizar» el país.
Eduardo Torres, abogado de derechos humanos, comentó que la ley busca eliminar una línea de defensa crucial para los venezolanos y advirtió que se aprueba en un contexto de mayor represión postelectoral. El incumplimiento de la ley conlleva multas que pueden alcanzar los 10.000 dólares, que Daniels considera «confiscatorias». Normas similares existen en Cuba, Nicaragua, Guatemala y Bolivia, y Daniels teme que Venezuela siga el camino de Nicaragua, donde se han cerrado más de 3.600 ONG bajo un marco legal más estricto.
El paquete de leyes solicitado por Maduro incluye también una para castigar el «fascismo», término que el oficialismo usa para referirse a sus críticos, así como una ley sobre redes sociales, que Maduro acusa de ser usadas para «campañas de odio». El presidente también ordenó la suspensión de X por 10 días y promueve un boicot contra WhatsApp. Plataformas de información y entretenimiento han sido bloqueadas por proveedores de Internet.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó a las autoridades venezolanas a detener la aprobación de leyes que socaven el espacio cívico y democrático y expresó su preocupación por las masivas detenciones. Su portavoz, Ravina Shamdasani, describió un «clima de miedo» en el que «es imposible aplicar los principios democráticos».
