CIUDAD DE GUATEMALA.- A un año del incendio en el albergue gubernamental Virgen de la Asunción que causó la muerte de 41 niñas y adolescentes, organizaciones de los derechos de la niñez en Guatemala exigieron justicia y recordaron las vidas que se perdieron ese fatídico 8 de marzo de 2017.
Las infantes fueron encerradas luego de intentar huir del hogar estatal tras haber denunciado abusos sexuales por parte de funcionarios del lugar. A pesar de el reducido espacio fueron puestas bajo llave como castigo. Las niñas iniciaron un incendio que rápidamente se propago por todo el lugar y aunque gritaron incesantemente nadie abrió las puertas, así murieron las 41 infantes y 15 más resultaron heridas.
Por este hecho están procesados varios exfuncionarios gubernamentales y policías de Guatemala como la subinspectora de la Policía Nacional Civil, Eva Marina Marroquín, quien era responsable de las cerraduras del orfanato, según la fiscal de delitos contra el feminicidio, Veronica Leon, “Marroquín estaba en el salón de enfrente y vio como se quemaban las adolescentes, simplemente no quiso abrir la puerta”. En la actualidad Marroquín se encuentra detenida.
También esta procesado de el exsecretario de Bienestar Social de la Presidencia, Carlos Rodas, la exsubsecretaria Anahí Keller, el exdirector del Hogar Seguro Virgen de la Asunción y el subcomisario de la Policía Nacional, Luis Armando Pérez.
Este hogar de ayuda a menores también fue acusado por el comité de la Organización de Naciones Unidas, que expresó su inquietud por las múltiples denuncias sobre abuso y tráfico de menores en el orfanato por esta causa esta detenido Luis Alfredo Montenegro, psicólogo del lugar, un tribunal lo condenó a finales de septiembre a ocho años y tres meses de prisión por la violación de una menor de 13 años.
Si bien hay varios detenidos por el incendio y por las denuncias de abuso sexual hechas por otras entidades, las investigaciones y el caso en los tribunales no presentan mayores avances, ya que se supone que la red de tráfico de menores, los abusos y la negligencia llegaría hasta funcionarios de las esferas más altas de Guatemala.