CIUDAD DE PANAMÁ.— El Tribunal Electoral de Panamá anuló este lunes la candidatura presidencial del exmandatario Ricardo Martinelli, un mes después de que perdiera el último recurso judicial para evitar una condena de casi 11 años de prisión y se asilara en la embajada de Nicaragua.

El pleno del Tribunal decidió «inhabilitar al ciudadano Ricardo Alberto Martinelli Berrocal como candidato al cargo de presidente» de Panamá, anunció el magistrado Alfredo Juncá.

La decisión se debe a que Martinelli ha sido «condenado por delito doloso con pena privativa de libertad mayor a cinco años», agregó Juncá, presidente del Tribunal.

Martinelli, quien gobernó Panamá entre 2009 y 2014, aspiraba a regresar al poder tras las elecciones presidenciales del próximo 5 de mayo.

Sin embargo, en 2023 fue sentenciado a casi 11 años de cárcel y la Constitución panameña establece que no puede ser elegido presidente quien haya sido condenado por delito doloso a una pena de cinco años o más de prisión.

Aunque la suerte de Martinelli, sobre el que pesa una orden de captura, quedó sellada hace un mes tras perder su último recurso ante la Corte Suprema, faltaba que la condena quedara «en firme» para que el Tribunal Electoral anulara su candidatura.

El exmandatario derechista, de 71 años, se encuentra asilado en la embajada de Nicaragua en Panamá, donde pidió asilo al gobierno de Daniel Ortega, que se lo concedió de inmediato.

Sin embargo, el gobierno panameño se negó a concederle salvoconducto para que viaje a Nicaragua.

Desde la embajada nicaragüense Martinelli ha concedido entrevistas y realizado declaraciones políticas, lo que ha enfurecido a las autoridades panameñas, que han advertido a Nicaragua con tomar medidas diplomáticas.

«Repito, soy inocente», manifestó este lunes Martinelli antes de conocerse la decisión del Tribunal Electoral.

«Este caso fue hecho para inhabilitarme políticamente y sacarme de la contienda política, lo cual es ilegal», agregó el expresidente en su cuenta de X, antes Twitter.

Martinelli fue sentenciado en julio pasado a cumplir 128 meses de prisión y a pagar una multa de 19 millones de dólares por blanqueo de capitales.

La justicia panameña lo condenó por comprar con dinero público, en 2010, la mayoría de las acciones de Editora Panamá América.

Para esa adquisición se utilizó una parte de los 43,9 millones de dólares, provenientes del pago de sobornos, que distintas empresas depositaron en un complejo esquema de sociedades.

El dinero procedía del pago de hasta un 10% del monto de los contratos originales en obras públicas, según la justicia. La sentencia fue confirmada en octubre por un tribunal de apelaciones.

«Todo se sabe al final y la historia me ABSOLVERÁ», escribió Martinelli en su mensaje de este lunes, repitiendo el alegato que hiciera el fallecido líder revolucionario cubano Fidel Castro, durante el juicio en su contra tras el fracasado asalto al Cuartel Moncada en 1953.

Martinelli, líder del partido Realizando Metas (RM, las iniciales de su nombre), era uno de los ocho candidatos a presidir el país centroamericano.

Pese a sus reveses judiciales, era favorito en las encuestas. Ahora, su exministro de Seguridad, José Raúl Mulino, será el cabeza de cartel por el partido del expresidente.

«Los panameños van a tener que escoger entre democracia y dictadura» en las próximas elecciones, señaló al canal Telemetro, tras conocer la decisión del Tribunal Electoral, Luis Eduardo Camacho, miembro de RM y vocero de Martinelli.

«La dictadura y sus candidatos van a ser derrotados», añadió Camacho en referencia a la mayoría de aspirantes.

Martinelli, un magnate dueño de una cadena de supermercados, ganó las elecciones de 2009 con un fuerte discurso contra la corrupción y los políticos tradicionales.

Sin embargo, más de una docena de ministros y altos funcionarios de su administración fueron detenidos por varios escándalos de corrupción.

El expresidente debe enfrentar este año otro juicio por el supuesto blanqueo de sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht.

En 2021 fue absuelto en otro proceso judicial, que hubo que repetir, por presunto espionaje a opositores durante su gobierno.