LIMA.— El Congreso de Perú archivó una denuncia constitucional presentada el año pasado por la Fiscalía contra la presidenta Dina Boluarte, por las decenas de muertes que se produjeron durante las protestas sociales entre fines de 2022 y los primeros meses de 2023.

Las denuncias constitucionales son un procedimiento especial que se aplica a los altos funcionarios del Estado peruano con inmunidad, entre ellos el presidente, y deben recibir luz verde del Congreso para que la cámara recomiende acusar a la persona investigada antes de continuar con el proceso judicial.

La decisión fue tomada por la Comisión Permanente del Congreso, que aprobó con 12 votos a favor y 10 en contra, un informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que propuso archivar la petición presentada por el entonces fiscal general interino, Juan Carlos Villena, al considerar que no hay pruebas suficientes para acusar a la mandataria.

«No existen elementos probatorios irrefutables que acrediten que los denunciados utilizaron la estructura organizativa del Estado con la intención de causar muertes y lesiones», remarcó el informe.

Familiares de víctimas condenan decisión

Al conocerse la medida, la Organización Nacional de Familiares de los Asesinados y Víctimas de las Masacres 2022-2023 condenó «enérgicamente la decisión» y aseguró que el Congreso le «ha dado la espalda a los peruanos».

El Congreso informó que Villena señaló que Boluarte presuntamente incurrió en una «comisión por omisión, con dolo eventual, en el contexto de graves violaciones de los derechos humanos, de los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y lesiones leves en agravio de 49 fallecidos y 250 heridos».

En la denuncia también se incluía a los ex primeros ministros Pedro Angulo y Alberto Otárola, y los ex ministros del Interior César Cervantes, Víctor Rojas y Vicente Romero, así como al exministro de Defensa Jorge Chávez.