BUENOS AIRES.— La Justicia federal está investigando un gran escándalo en el Ministerio de Defensa, luego de que militares vinculados a la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM) fueran denunciados por presuntamente desviar fondos destinados a viáticos para uso personal y aprovecharse del dinero destinado al racionamiento de alimentos para su beneficio propio.
Además, se les acusa de llevar a cabo actividades de espionaje ilegal contra empresas argentinas y bolivianas que explotan litio, con el objetivo de favorecer a compañías alemanas y potencialmente monopolizar el mercado del mineral en el norte argentino y en Bolivia.
La denuncia, presentada ante el Juzgado Federal número 2 a cargo de Sebastián Ramos, incluye acusaciones por delitos como defraudación pública, malversación de fondos, abuso de poder e inteligencia clandestina. Los principales implicados son Francisco Javier Moliterno, exdirector de la DNIEM durante la gestión de Alberto Fernández, Carlos Molina, exdirector de Inteligencia Nacional, y Marco Alberto Constenla, actual director de la DNIEM. Estos individuos habrían comenzado presuntamente estas actividades durante la administración anterior y continuado bajo la gestión actual.
Se señala que Moliterno habría utilizado fondos públicos para gastos personales, como vacaciones familiares, mientras que su esposa, Rocío Soledad Canaves, habría sido empleada en la DNIEM sin cumplir funciones laborales. Además, se menciona la creación de contratos de personal ficticios y la desviación de fondos destinados al racionamiento de alimentos.
Otra acusación importante involucra la presunta participación de Moliterno y Constenla en operaciones de inteligencia de empresas alemanas en Argentina y Bolivia, con el objetivo de beneficiar a estas compañías en el negocio del litio. Se afirma que recibirían pagos a cambio de proporcionar información que permita a las empresas extranjeras adquirir compañías locales y monopolizar la industria del litio en la región.
La Justicia está investigando estas acusaciones, incluyendo si estas acciones fueron ordenadas directamente por el Gobierno alemán o si son encargos de empresas privadas de ese país. Se espera que en los próximos días se den a conocer avances en la investigación.
