CARACAS.- La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos instó al Gobierno de Venezuela a que adopte medidas específicas para detener y remediar las que llamó graves vulneraciones de derechos sociales, económicos, políticos y culturales que se han documentado en el país.

El documento de 18 páginas detalla la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra la población venezolana en medio de la crisis política y social que arrastra el país. El informe dedicó un apartado a las “detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos”.

Cifras de la ONG Foro Penal documentan la detención de “por lo menos 15.045 personas” entre enero de 2014 y mayo de 2019. “Al 31 de mayo de 2019, 793 personas seguían privadas arbitrariamente de su libertad”, indica.

Además, la ONU informó sobre “135 casos de personas (23 mujeres y 112 hombres) privadas arbitrariamente de la libertad entre 2014 y 2019.”

Naciones Unidas recopiló que en algunos de estos casos “se sometió a las mujeres y los hombres detenidos a una o más formas de tortura” con la “aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas, violencias sexuales, privación de agua y comida, posturas forzadas y exposición a temperaturas extremas”, reza el documento.

Como autores de estas prácticas señala al Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) y a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

Según Naciones Unidas, ambas instituciones “recurrieron de manera habitual a esas medidas para extraer información y confesiones, intimidar y sancionar a las personas detenidas”.

Por su parte, el gobierno del asediado Nicolás Maduro, afirmó que el informe de Bachelet “presenta una visión selectiva y abiertamente parcializada sobre la verdadera situación de derechos humanos en Venezuela”. Además, la administración de Maduro asegura que las fuentes más privilegiadas fueron las “carentes de objetividad”.

Asimismo, el chavismo sostuvo que el informe no hace referencia a las medidas implementadas por el Estado que impactan “positivamente” sobre el poder adquisitivo de los venezolanos. El estado aseguró que el Carnet de la Patria, el subsidio general a los costos de los servicios públicos y el sistema educativo y de salud gratuito, son parte de esas medidas implementadas.

El gobierno tildó de «errada» la afirmación de que miembros del oficialismo habrían reconocido ciertos aspectos de la crisis humanitaria en Venezuela, porque “no están dados los supuestos previstos en el derecho internacional para ello”.

El informe de la ONU reclama que “desarme y desmantele a los grupos armados civiles progubernamentales (…) que garantice la investigación de sus delitos”, también solicita el desmantelamiento del comando de policías de las FAES (Fuerza de Acciones Especiales).

De igual manera demanda que se “ponga en libertad a todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad” y “revocar la clausura de medios de comunicación”.