Bajo pedidos de dimisión, Áñez intenta apagar protestas

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LA PAZ.- El nuevo gobierno de Bolivia desplegaba este domingo esfuerzos por lograr el cese de las manifestaciones que en un mes ya se cobraron 23 víctimas, mientras organizaciones sociales y campesinos a fines de Evo Morales le daban un plazo de 48 horas a la mandataria interina Jeanine Áñez. 

Los “cocaleros” del Chapare, en Bolivia, en la provincia de Cochabamba, intimaron a la presidenta provisoria a renunciar al cargo o de lo contrario “bloquearán las principales vías del país”. 

A la demanda se sumó el Consejo de Federaciones Campesinas de los Yungaz de la Paz (Cofecay) que instruyó a sus bases a sumarse este lunes a una masiva marcha en la sede de Gobierno. 

El principal foco del conflicto se había concentrado en Cochabamba, donde el viernes cocaleros chocaron fuertemente con el ejército y la policía, con un saldo de nueve muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, que elevó a 23 el saldo de víctimas un mes de confrontación. 

El gobierno reconoce oficialmente cinco muertos, y el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, ha deslizado la idea de que los propios cocineros se disparan entre sí para genera víctimas, pues al menos un muerto “aparece con un tiro en la nuca”. 

Desde hace varios días se registran enfrentamientos, dejando víctimas en el terreno, entre las fuerzas de seguridad y los partidarios de presidente dimitido, Evo Morales, decididos a poner fin al actual gobierno interino en el poder al que consideran ilegal.

Por su parte, la CIDH calificó de “grave”un decreto de la mandataria interina, aprobado el jueves y divulgado extraoficialmente el sábado, que exime de responsabilidades penales a las Fuerzas Armadas en la conservación del orden público. 

“El grave decreto de #Bolivia desconoce los estándares internacionales deDDHH y por su estilo estimula la represión violenta”, señaló el organismo autónomo de la OEA. 

Asimismo, una asamblea de vecinos de El Alto, aprobó “un cerco a la ciudad de La Paz” desde el lunes para forzar “la renuncia inmediata de Áñez”, tachando su nombramiento de “ilegal”.