LA PAZ.— Santa Cruz está volviendo de a poco a la normalidad después de 23 días de protestas, la más grande que le ha tocado afrontar al presidente Luis Arce en dos años de gobierno y que profundizó la polarización política en ese país.
“Los días de paro fueron innecesarios, irracionales y causaron grave daño a Santa Cruz”, aseguró el vocero presidencial Jorge Richter. En medio del conflicto el presidente de Bolivia acusó a la oposición radicalizada de promover la huelga para desestabilizar al gobierno.
Aunque el paro se extenderá por tres días más hasta la liberación de una veintena de detenidos, según dijo Rómulo Calvo, presidente del poderoso Comité Cívico que ha convocado a la protesta, el transporte público y el comercio se comenzaron a normalizar este lunes.
En esa región del oriente, considerada el motor económico del país y bastión opositor, busca obtener más recursos, ya que concentra más del 40% de la población del país. Su gobernador es Luis Fernando Camacho, líder del partido opositor, Creemos, la segunda fuerza de contrapeso contra Luis Arce.
Sin embargo, Arce no cedió a la demanda principal de Santa Cruz de realizar un censo de población previsto para 2023 y fijó la fecha para marzo de 2024; pero se comprometió a entregar los resultados a fines de ese año para una nueva redistribución de escaños en el Legislativo que le darían más fuerza política a esa región en los comicios presidenciales de 2025.
“Es un logro, pero queremos que una ley y no un decreto diga que los resultados se aplicarán en los comicios de 2025”, dijo Calvo.
Para algunos analistas la batalla política será larga hasta lograr que el padrón electoral sea depurado ante sospechas de que está sobredimensionado en más de 16% de votantes que no existen, lo que detonó el estallido que dejó 37 muertos tras unos comicios denunciados como fraudulentos por la Organización de los Estados Americanos (OEA) cuando el exmandatario Evo Morales buscaba un cuarto mandato consecutivo en 2019.
En ese contexto, Santa Cruz logró que otras dos provincias de las nueve que tiene el país se unieran a la protesta, lo que profundizó la pugna en el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), cuyo presidente es Morales. Este cuestionó el manejo del conflicto por el actual mandatario, su heredero político.