LA PAZ.— Una vez más, un tribunal se ha autodeclarado «incompetente» para llevar a cabo un juicio ordinario contra la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez (2019-2020), en relación con un segundo caso vinculado a la muerte de civiles durante la crisis política de 2019.
Jeanine Áñez informó en la plataforma social X que ha sido «notificada» de una resolución emitida por el Tribunal de Sentencia de Sacaba, en Cochabamba, que declara su incompetencia para juzgarla, argumentando que le corresponde un juicio de responsabilidades como expresidenta de Bolivia. La publicación incluye extractos del documento judicial donde el tribunal argumenta que enjuiciar a la expresidenta sería «una flagrante vulneración del debido proceso, legalidad y seguridad jurídica».
La resolución sostiene que la exmandataria interina «debe ser juzgada de acuerdo con el ordenamiento interno boliviano, a través de un juicio de privilegio constitucional» y subraya que esto «no admite apelación». Esta decisión en el caso Sacaba se suma a la emitida la semana anterior por otro tribunal en el caso Senkata, que también se declaró «incompetente» para procesar a Áñez por la vía ordinaria.
A finales de octubre, el fiscal general, Juan Lanchipa, presentó una acusación formal ordinaria contra Áñez por las muertes en Sacaba (10), en Cochabamba, y Senkata (10) en El Alto, durante los enfrentamientos entre civiles y fuerzas de seguridad. La Fiscalía acusó a Áñez, a tres de sus exministros y varios exjefes militares y de la Policía de «genocidio», solicitando la máxima condena de 30 años de prisión, argumentando que las fuerzas de seguridad utilizaron «municiones de guerra» contra «civiles desarmados».
Áñez ha abogado constantemente por un juicio especial como expresidenta y ha prescindido de sus abogados para defenderse en estos procesos, siendo asignada juristas de defensa pública.
El año pasado, Áñez fue condenada a 10 años de prisión por el caso conocido como «golpe de Estado II», donde se le acusó de asumir ilegalmente la línea de sucesión tras la renuncia de Evo Morales a la Presidencia en 2019. Actualmente detenida desde marzo de 2021, Áñez enfrenta al menos siete procesos en la justicia ordinaria, según sus abogados.