SAN SALVADOR.— El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se pronunció en respuesta al trágico asesinato de un oficial de la Policía Nacional Civil (PNC), asegurando que su gobierno tomará medidas contundentes contra los pandilleros y que no serán liberados de prisión.
En un mensaje publicado en Twitter, Bukele expresó: «Que todas las ONG de ‘derechos humanos’ sepan que vamos a combatir sin tregua a estos despreciables asesinos y a sus cómplices, los encerraremos en prisión y no saldrán jamás». Este pronunciamiento se produjo después de que la PNC informara sobre el asesinato de un agente en el departamento de Chalatenango, quien fue atacado por pandilleros mientras patrullaba con otros policías.
«No nos importan sus informes lastimeros, sus periodistas comprados, sus políticos títeres ni su famosa ‘comunidad internacional‘, que nunca se preocupó por nuestro pueblo. Sanaremos nuestro país y erradicaremos esta plaga por completo», agregó Bukele.
La noticia del asesinato del agente se dio el mismo día en que el Congreso, con una amplia mayoría oficialista, se preparaba para votar la decimocuarta extensión de un régimen de excepción que suspende garantías constitucionales, como el derecho a la defensa.
«¿Ven por qué debemos continuar con el régimen de excepción hasta erradicar por completo esta plaga?», tuiteó el mandatario.
Por su parte, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, afirmó en una entrevista televisiva que alrededor de 5.000 personas detenidas bajo el régimen de excepción, en vigor desde marzo de 2022, han sido puestas en libertad.
El funcionario declaró a Megavisión que las detenciones suman más de 68.700 y que «ya hay cerca de 5.000 que han sido liberadas«, sin especificar si estas personas han sido absueltas de cargos o si han obtenido libertad condicional. No obstante, rechazó las acusaciones de diversas organizaciones sobre la detención de personas sin vínculos con las pandillas.
Organizaciones no gubernamentales de derechos humanos en el país centroamericano han registrado, hasta mediados de marzo, al menos 5.082 «víctimas directas» de violaciones a los derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias en el contexto del régimen de excepción.
El gobierno enmarca esta medida en su denominada «guerra contra las pandillas«, a la que atribuye la reducción de los homicidios a una tasa de 7,8 por cada 100.000 habitantes en 2022, aunque este dato es cuestionado por un observatorio de derechos humanos.
