SAN JOSÉ.- Las autoridades judiciales de Costa Rica detuvieron este lunes a seis alcaldes, entre ellos el de la capital San José, Johnny Araya, como sospechosos de actos de corrupción en la licitación y construcción de obra pública.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía Adjunta Anticorrupción llevaron a cabo allanamientos en diversas partes del país e informaron que han sido detenidas 13 personas: entre ellas los alcaldes de San José, Johnny Araya Monge; de Cartago, Mario Redondo Poveda; de San Carlos, Alfredo Córdoba Solo; de Osa, Alberto Cole De León; de Alajuela, Humberto Soto Herrera; y de Escazú, Arnoldo Barahina Cortés.
“La hipótesis tiene que ver con actos de corrupción relacionados con licitaciones, construcciones, pagos de obra, facilitación de oportunidades irregularidad que generaron situación de ventaja a empresas con dádivas y sobornos”, declaró en conferencia de prensa Walter Espinoza, director general del OIJ.
En los allanamientos fue detenido el gerente de la planta de asfalto de la empresa constructora MECO, unos empresarios y varios funcionarios municipales.
Todos los detenidos están siendo indagados y permanecerán bajo arresto. Para el 16 de noviembre se tiene previsto que se realice la audiencia en la que las autoridades solicitarán las medidas cauterices que consideran apropiadas, entre las cuales podría estar la prisión preventiva.
La investigación comenzó en abril de 2019 y abarca 15 proyectos de infraestructura de conservación de carreteras y construcción de obra, uno de los cuales se ubica en el municipio de San Carlos que se financia con un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para obras viales cantonales.
El “Caso Diamante” es el segundo de corrupción en obra pública que se destapa en Costa Rica en 2021, ya que, en junio pasado salió a la luz el denominado Caso Cochinilla que involucra al Consejo de Vialidad, adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, y a varias empresas constructoras; entre ellas MECO y H-Solís, las dos más grandes contratistas del Estado en los últimos años.
