BUENOS AIRES.- Este lunes, la ex presidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner está citada a declarar en una causa por presunto pago de sobornos a empresarios de obras públicas, supuestamente, transportados en bolsos con dinero durante su gobierno. La citación es de carácter indagatorio y se llevará a cabo en el marco de un expediente a través del cual se detuvo a exfuncionarios y empresarios ligados a esa causa y cercanos a la familia Kirchner.
En esta audiencia, la primera de una serie que tendrá por delante, Kirchner está imputada por defraudación al Estado, lavado de dinero y asociación ilícita, acusaciones que comparte con Lázaro Báez, un empresario muy cercano al difunto Néstor Kirchner.
El juez federal Julián Ercolini elevó esta causa a juicio oral el 3 de marzo de 2018. Se la acusa de haber favorecido ilegalmente a las empresas de Lázaro Báez, ex presidente del Grupo Austral.
José Francisco López, ex secretario de Obras Públicas, es uno de los responsables del ex gobierno kirchnerista que están siendo procesados por enriquecimiento ilícito. El 14 de junio de 2016 fue detenido cuando ocultaba casi US$9 millones y varias armas en un monasterio de la provincia de Buenos Aires.
Por otra parte, a través de un mensaje en Twitter, la exmandataria confirmó que acudirá a los tribunales federales de Comodoro Py, en Buenos Aires, y pidió «por favor» a sus seguidores kirchneristas que no se concentren allí para acompañarla, como en otras ocasiones que ha comparecido ante la Justicia. Sin embargo, la Gendarmería desplegó un operativo con 300 hombres para evitar cualquier incidente.
Su comparecencia tendrá lugar dos días antes de que el Senado debata si autoriza al juez Claudio Bonadio a registrar las propiedades y la oficina de Fernández de Kirchner, que cuenta con fueros parlamentarios por integrar dicha Cámara desde diciembre de 2017.
Con esto el magistrado intentará hallar información relacionada con una causa en la que se investiga si Fernández formó parte de una red en la que empresarios supuestamente realizaban sobornos de millones de dólares en efectivo a miembros de su Gobierno y al de Néstor Kirchner.
El caso judicial se abrió a raíz de una investigación del diario local «La Nación», basada en unos cuadernos escritos por Oscar Centeno que fue chófer del exsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta, quien coordinaba los pagos de sobornos para los empresarios, entre ellos Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri. Baratta se encuentra detenido desde el 1 de agosto.
