BOGOTÁ.— La Justicia transicional imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 22 miembros del Ejército y otras tres personas por el asesinato de 303 civiles en los denominados casos “falsos positivos”, según informó este lunes la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

«En la Brigada XVI se implantó una organización criminal compleja que se valió de la arquitectura institucional del Ejército para presentar asesinatos y desapariciones forzadas como bajas en combate en (el departamento centro oriental de) Casanare entre 2005 y 2008″, explicó la JEP.

La Justicia especial de paz, que, nació producto del acuerdo de paz entre el Estado y las FARC, firmado en 2016, aclaró que las 303 personas fueron asesinadas y presentadas falsamente como guerrilleros o delincuentes dados de bajas en combate, lo que se dio en llamar ‘falsos positivos’.

También consignó que mujeres, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas en condiciones de discapacidad cognitiva sufrieron daños graves, diferenciados y desproporcionados por las acciones de esta unidad militar.

En estos casos, las víctimas eran equipadas con armas, munición y prendas para hacerlas pasar como combatientes, implementos que los miembros del Ejército denominaban ‘kit de legalización’.

La investigación reveló que, presuntamente, más de 140 millones de pesos (31.000 dólares aproximadamente) provenientes de recursos públicos sirvieron para financiar el accionar criminal de los imputados. Entre los miembros imputados de la Brigada XVI están el mayor general Henry William Torres Escalante.