BUENOS AIRES.— La Policía allanó este lunes la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el marco de una investigación judicial por presunta malversación de fondos y lavado de dinero.
El procedimiento, confirmado este martes por fuentes policiales, forma parte de una causa que analiza la gestión de ingresos internacionales vinculados a derechos comerciales y de retransmisión.
La pesquisa se centra en la relación contractual entre la AFA y la empresa estadounidense TourProdEnter LLC, que habría actuado como agente comercial de la asociación en el exterior.
Según la documentación en análisis, durante los últimos cuatro años la compañía habría recaudado más de 221 millones de euros, correspondientes a ingresos por patrocinio y derechos de retransmisión de competiciones organizadas por la AFA.
Si bien una parte de esos fondos se habría destinado a financiar actividades habituales de la Asociación, los investigadores detectaron que alrededor de 35,7 millones de euros fueron transferidos a cuatro empresas registradas en el estado de Florida, en Estados Unidos.
La Justicia intenta determinar el destino y los beneficiarios finales de esas operaciones. De acuerdo con información publicada por La Nación, dichas sociedades habrían sido constituidas por presuntos testaferros en Argentina y habrían pagado facturas vinculadas a aviones privados, yates de lujo, vehículos de alta gama y propiedades inmobiliarias.
En esta etapa inicial de la causa aún no está identificado quiénes habrían sido los receptores finales de esos fondos.
Frente al avance de la investigación, la AFA difundió un comunicado oficial en el que confirmó que mantiene “un contrato vigente” con TourProdEnter LLC, empresa designada como su agente comercial para la representación económica y comercial en el exterior.
La entidad defendió la legalidad del acuerdo y aseguró que la relación contractual fue analizada por tribunales de Argentina y Estados Unidos, que concluyeron que el vínculo “se encuentra debidamente ajustado a derecho”.
Al mismo tiempo, la AFA cuestionó la difusión de informaciones periodísticas que, según sostiene, desconocen resoluciones judiciales previas y presentan como irregulares operaciones que ya habrían sido objeto de control legal.
La Asociación insistió en que se trata de un vínculo entre dos entidades privadas, “plena y legalmente válido”, e instó a los medios a revisar fallos y fuentes antes de publicar versiones que puedan responder a intereses particulares.
