BOGOTÁ.- El coronel retirado del Ejercito de Colombia Juan Carlos Castañeda Villamizar fue condenado a 40 años de prisión por haber participado en el homicidio y desaparición forzada de 54 personas en los años 2022 y 2023 en el departamento de Casanare, informó este jueves la Fiscalía.
#ATENCIÓN | #Fiscalía obtuvo condena de 40 años de prisión contra el coronel en retiro del Ejército, Juan Carlos Castañeda Villamizar; y el exalcalde de Recetor, #Casanare, Flaminio Cocinero Costo, por su participación en actos de tortura, homicidio y desaparición de 54 personas. pic.twitter.com/5szMThUJG2
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) July 15, 2021
Deicy Jaramillo Rivera, directora especializada contra las violaciones a los Derechos Humanos, dijo que la Fiscalía logró la condena de Castañeda “por su participación en los actos de tortura, homicidio y desaparición de 54 Petronas entre 2002 y 2003” en las poblaciones de Chámela y Recetor, ambas en Casanare.
Igualmente, la Fiscalía informó que el exalcalde de la localidad de Recetor, Flaminio Cocinero Soto, también fue condenado a 40 años de cárcel por los mismos delitos que Castañeda.
El oficial en retiro y el exalcalde participaron “activamente en un plan criminal ejecutado por los paramilitares de las Autodefensas Campesinas del Casanare, contra los pobladores de Chámela y Recetor”, según la Fiscalía.
Los dos sentenciados “entregaron a la estructura ilegal listados con los nombres de supuestos auxiliadores e los grupos guerrilleros”, explicó la entidad.
En tanto, la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP) imputó a dos tenientes coroneles y 13 militares más por 127 asesinatos y desapariciones forzadas en la región del Caribe colombiano, en el segundo auto de caso de ejecuciones de civiles conocidas como falsos positivos, por que el que había acusado a 10 efectivos del Ejército y a un civil.
El Tribunal de paz volvió a encontrar “patrones de macrocriminalidad” en la actuación del Ejército y alianzas con grupos paramilitares con el fin de atraer jóvenes para asesinarlos y presentarlos como guerrilleros abatidos en combate y así inflar las cifras de la famosa “seguridad democrática” del entonces presidente Álvaro Uribe.
“Estos hechos no hubieran ocurrido sin alianzas con miembros de grupos paramilitares y sin un conjunto de incentivos, amenazas y presiones que ejercieron los comandantes sobre sus subordinados para obtener muertos en combate”, consideró la JEP.