BOGOTÁ.- Luego de la explosión de una granada en un lugar público de Caucasia, Bajo Cauca, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, anunció una serie de medidas especiales para frenar la violencia y hacer frente a los criminales que siembran el terror en esa zona del país.
“He ordenado el traslado del comandante de las Fuerzas Militares y del Ejército a la zona, además de crear un comando conjunto en el Bajo Cauca para enfrentar y someter a la criminalidad”, aseveró Trujillo.
En el Bajo Cauca ha repuntado la violencia, con enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional, disidencias de las FARC y las bandas criminales Los Caparros y el Clan del Golfo, principal grupo surgido de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que supuestamente se desmovilizaron en 2006.
El ministro colombiano también recalcó que están copando los cascos urbanos con las Fuerzas Militares para evitar que organizaciones ilegales tomen el control de los territorios, afectando a la población civil.
“Estamos estructurando un nuevo corte delos más buscados y vamos a combatir a estos criminales; es una instrucción del presidente de la República”, enfatizó.
La misión del nuevo comando, asegura Trujillo, es “combatir con todo rigor y firmeza las estructuras del narcotráfico que operan en la zona” y proteger a las comunidades, “copando todos los cascos urbanos” con la fuerza pública.
Según un documento de la Misión de Verificación de la ONU sobre la implementación de los acuerdos de paz con las FARC, la presencia de grupos armados ilegales en algunas zonas, como el Bajo Cauca, “sigue teniendo consecuencias devastadoras, como reclutamientos forzado de menores, homicidios, desplazamientos, confinamientos y ataques y amenazas contras las autoridades y los líderes étnicos”.
En ese sentido, el Consejo de Seguridad de la ONU expresó a mediados de este mes su “seria preocupación por los asesinatos sistemáticos de líderes sociales en todo Colombia y excombatientes de las FARC y reclamó “acciones efectivas” para mejorar su seguridad.
Asimismo, la oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció que al menos 107 defensores de los derechos humanos fueron asesinados en Colombia durante el año pasado. En las primeras cuatro semanas del 2020, la cifra supera por mucho los 20 muertos.
