BOGOTÁ.— Los colombianos votarán este domingo en una segunda vuelta presidencial que promete remodelar el país después de una primera jornada que castigó a la clase política.
Las encuestas muestran a Gustavo Petro y al outsider Rodolfo Hernández, ambos exalcaldes, prácticamente empatados desde que superaron a otros cuatro candidatos en las elecciones iniciales del 29 de mayo, en las que ninguno recibió suficientes votos para ganar, lo que obligó a la segunda vuelta.
Unos 39 millones de colombianos son elegibles para votar el domingo, pero el abstencionismo se mantiene por encima del 40% en todas las elecciones presidenciales desde 1990.
Los colombianos están votando en medio del descontento generalizado por el aumento de la desigualdad, la inflación y la violencia. El disgusto por las condiciones del país es tal que en la primera vuelta los votantes dieron la espalda a los políticos centristas y derechistas de siempre y eligieron a dos propuestas distintas.
Petro, un senador de 62 años, está en su tercera campaña presidencial. Una victoria de Gustavo pondría fin a la prolongada marginación de la izquierda por parte de los votantes debido a su asociación percibida con el conflicto armado de la nación. Petro fue una vez un rebelde del extinto movimiento M-19 y se le concedió amnistía tras permanecer encarcelado por su participación en el grupo.
Petro ha propuesto reformas ambiciosas de pensiones, impuestos, salud y agricultura, y cambios en la forma en que Colombia lucha contra los cárteles de la droga y otros grupos armados. Obtuvo el 40% de los votos en las elecciones del mes pasado y Hernández el 28%, pero la diferencia se redujo rápidamente cuando Hernández comenzó a cosechar los votos antipetristas.
En tanto, Hernández, de 77 años, quien hizo su fortuna en bienes raíces, no está afiliado a ningún partido político importante y ha rechazado las alianzas. Su austera campaña, realizada principalmente en TikTok y otras plataformas de redes sociales, fue autofinanciada.
Sus propuestas se basan en la lucha contra la corrupción, a la que culpa de la pobreza y la pérdida de recursos del Estado que podrían destinarse a programas sociales. Quiere reducir el tamaño del gobierno eliminando varias embajadas y oficinas presidenciales, convertir el palacio presidencial en un museo y reducir el uso de la flota de aviones del Ejecutivo.