BOGOTÁ.- El recorrido de los colombianos comenzó el 28 de marzo en París, Francia, luego de un acto simbólico donde exigían justicia por la muerte de miles líderes sociales asesinados por defender sus convicciones.
El objetivo de los marchantes era llegar la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya para solicitar una investigación profunda sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en Colombia.
La caravana hacia los Países Bajos, está integrada por una veintena de colectivos residentes en Francia, Inglaterra, España y Bélgica, entre otros países.
Los que partieron de París lo hicieron portando una enorme tela negra con los nombres de 472 líderes sociales, campesinos e indígenas asesinados en los últimos años.
Cada uno de los 472 nombres estampados en la tela es una tragedia, un huérfano, una viuda, un pedacito de país desmoronado, comentó el escritor y senador Gustavo Bolívar, quien forma parte de una delegación que acudirá a la Corte Penal Internacional (CPI).
En ese sentido, también se presentó en La Haya el senador y excandidato presidencial, además de ser el principal detractor del oficialismo, Gustavo Petro.
El senador viajó a La Haya y solicitó a la fiscal de ese organismo que se investiguen los asesinatos de líderes sociales. “Que nos escuchen todos los rincones de Colombia y el mundo. Si el gobierno de Duque decide acabar con la JEP (la justicia que podría traer la verdad), entonces la Colombia del extranjero y la Colombia en Colombia le pide a la CPI que intervenga, que investigue los crímenes”, aseguró el opositor.
“Creo que Colombia debe merecer igual atención que Venezuela. Ese debería ser el criterio que la alta representante europea para la Política Exterior, Federica Mogherini, debería tener, porque si no hay paz en Colombia no va a haber paz en América Latina”, remató Petro.
Según el líder opositor, el oficialismo en su país actualmente con doble rasero: dice que es amigo de la paz, cuando se trata de Venezuela, y hacia dentro del país actúa destruyéndola.
Este viernes 5 de abril se entregó a la propia fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, una lista con los nombres de las víctimas de la violencia política en Colombia.
Los colombianos llevaron también a Bensouda una carta firmada por varios legisladores de las bancadas opositoras para solicitar que inicie una investigación sobre la escalada de crímenes de líderes sociales, que estiman tiene un patrón sistemático y de “descarada” impunidad.
Según datos de la Defensora del Pueblo del país sudamericano, de enero de 2016 hasta enero de 2019 han sido asesinados 462 líderes sociales y defensores de los derechos humanos, 135 de ellos durante corto gobierno de Duque.
La Justicia Especial para La Paz es el pilar central de los Acuerdos de Paz suscritos en La Habana y el principal garante de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación y también es garantía para aquellos que de buena fe han dejado las armas, subrayó hace unos días el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres.
